El Gobierno podría aceptar la condonación del FLA de algunas CC.AA., pero solo en aquellas que reciban financiación por debajo de la media con el modelo actual
MADRID, 9 Feb. (EUROPA PRESS) -
Seis comunidades autónomas han trasladado ya al Ministerio de Hacienda sus reivindicaciones de cara al nuevo modelo de financiación, para que la reforma, que deberá aprobarse este año, contemple la condonación de las partidas del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) que han recibido, según han informado a Europa Press en fuentes gubernamentales.
Este instrumento financiero fue creado por el Gobierno en el verano de 2012 cuando los gobiernos autonómicos tenían cerrados los mercados, y a través de él se ha desembolsado desde entonces en torno a 100.000 millones de euros.
En concreto, Andalucía, Murcia, Comunidad Valenciana, Aragón, Canarias --que recibe fondos de un instrumento de facilidad financiera parecido al FLA-- y Baleares recogen esta demanda entre sus propuestas de cara al nuevo modelo de financiación y, en todos los casos, argumentan esta petición en compensación por la deuda generada por la infrafinanciación que consideran que padecen.
El Gobierno admite, según las mismas fuentes, que podría aceptar dicha demanda, pero solo en aquellas comunidades que reciben una financiación por debajo de la media nacional a través del modelo vigente en la actualidad, si bien no precisa qué comunidades estarían en esta situación.
Además de esta petición, otra propuesta que se repite en algunas comunidades es la concesión de anticipos a cuenta de los fondos de convergencia, como es el caso de Cataluña, Murcia o Baleares, propuesta que el Gobierno no ve mal aplicar en el nuevo modelo de financiación en caso de que se diseñen fondos sin entregas a cuenta.
FEDERALISMO FISCAL PARA CATALUÑA.
En el caso concreto de Cataluña, esta comunidad, junto con Baleares, es la que va más allá en sus reclamaciones y pide avanzar hacia el federalismo fiscal, de modo que los tributos se queden en el territorio en el que se recaudan, como sucede ahora en País Vasco o Navarra. Asimismo, apuesta por utilizar un medidor del coste de vida, como por ejemplo el IPC o aplicar el principio de ordinalidad, por el que tras el reparto de los fondos, si existen desigualdades, se respete el orden original.
Por su parte, Galicia quiere garantizar los costes reales de los servicios públicos y priorizar la financiación de la sanidad, mientras que Andalucía demanda una mayor armonización de los impuestos entre comunidades para evitar el 'dumping fiscal', demanda a la que se suman otras comunidades como Asturias y Castilla-La Mancha.
Tener en cuenta la población y los servicios públicos que se han de ofrecer, así como la dispersión o el envejecimiento, son otras de las propuestas que se repiten en las comunidades. En este caso, aparecen en las medidas propuestas por Andalucía, Asturias, Cantabria, Murcia, Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha, Canarias, Madrid o Extremadura.
Prácticamente la totalidad de las comunidades piden establecer un catálogo de servicios común, cuya dotación esté asegurada y por identificar claramente las variables que determinan el coste de prestación de los servicios fundamentales, estableciendo las diferencias particulares entre autonomías.
En cuanto a la Comunidad de Madrid, el Gobierno autonómico solicita elaborar un sistema más simple que el actual y usar la población padrón como variable de distribución de los fondos, en lugar del indicador de población ajustada actual.
