Por no reducirlos o modificarlos durante las obras de ampliación del puente de Rande
PONTEVEDRA, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -
El Juzgado de lo Mercantil número 1 de Pontevedra ha fijado para los días 11 y 12 de febrero de 2020 el juicio sobre el supuesto cobro de peajes abusivos por parte de Audasa, sociedad del grupo Itínere concesionaria de la autopista AP-9 durante la ampliación del puente de Rande.
El juicio es consecuencia de la demanda colectiva presentada por la Fiscalía Provincial a la que se han adherido dos asociaciones de afectados, Adicae y En-Colectivo, y otros ocho perjudicados particulares.
La Fiscalía aspira a que el juzgado dicte una sentencia que declare la nulidad de la práctica de Audasa de cobrar íntegramente el peaje de la autopista en todo caso, sin moderar o eliminar su importe cuando no se está prestando el servicio en condiciones suficientemente satisfactorias de fluidez o seguridad del tráfico.
El juzgado todavía está pendiete de practicar todas las diligencias pendientes necesarias, entre las que está la citación de los agentes de la Guardia Civil y del personal de la Dirección General de Tráfico en la provincia de Pontevedra que tuvieron que intervenir como consecuencia de los atascos generados por dichas obras entre febrero de 2015 y julio de 2018 en la AP-9.
Este lunes se ha celebrado una vista previa en la que el juez ha rechazado las testificales que planteaban la Fiscalía y la asociación En-Colectivo, que pretendían que se llamase a declarar como testigos a 82 afectados que solicitan la devolución del importe de los peajes cobrados, a su juicio, "indebidamente" durante las "brutales retenciones" sufridas aquellos días.
Para el magistrado, se trata de testimonios "interesados" al ser algunos de ellos también denunciantes. Por ello, niega su relevancia al no considerarlos "útiles" ni "pertinentes".
Esta decisión llevó a la Fiscalía y a En-Colectivo a presentar un recurso de reposición. El abogado de la asociación, Antonio Heredero, argumentó que su declaración es "la única forma real de acreditar la existencia de unos hechos que son negados por la parte actora".
Por parte del ministerio público, los fiscales Alejandro Tuero y Santiago Miguel valoran que esos testigos son "la prueba directa más útil y pertinente" de este procedimiento y, al no poder declarar, se quedan sin la "prueba directa fundamental para certifica los hechos".
En cambio el magistrado propone incorporar la declaración en sala del personal de la Jefatura Provincial de la DGT y de los agentes de Tráfico que tuvieron algún tipo de información o intervinieron en la gestión de los atascos durante esa etapa.
Sí admitió el juez una serie de testificales propuestas por Audasa que sostiene que las retenciones fueron de menor tamaño que otras provocadas por "accidentes o incidentes" ajenos a las obras. Además, el magistrado ha vuelto a desestimar la pretensión de Audasa de que también fuesen parte demandada el Ministerio de Fomento y la Demarcación de Carreteras del Estado.
