MADRID, 7 Abr. (EUROPA PRESS) -
Convergència i Unió (CiU) ha registrado en el Congreso una enmienda de totalidad contra el proyecto de ley de Ordenación, supervisión y solvencia de las entidades aseguradoras y reaseguradoras, que traspone a la normativa española la directiva comunitaria Solvencia II, al considerar que el texto aprobado por el Consejo de Ministros vulnera competencias autonómicas.
En el texto, al que ha tenido acceso Europa Press, los nacionalistas catalanes acusan al Gobierno de presentar un proyecto de ley cuyo contenido "constituye una clara vulneración de competencias" de las comunidades autónomas, particularmente de Cataluña.
Así, advierten de que "de no modificarse el proyecto de ley se generará un grave conflicto entre los organismos supervisores del Estado y de la Generalitat" en materia de aseguradoras y reaseguradoras privadas.
"Un texto legislativo de una materia tan relevante para la economía como el sector asegurador requiere de una normativa clara y que separe sin confusión los diferentes ámbitos de actuación y supervisión que han venido funcionando hasta entonces entre entidades supervisoras estatales y autonómicas", insiste CiU.
PUNTOS DE CONFLICTO
En concreto, la federación catalana señala como puntos de conflicto entre el proyecto de ley y el estatuto de autonomía lo que hace referencia a las mutuas de seguros, mutualidades de previsión social y cooperativas de seguros, al considerar que la Generalitat tiene competencias exclusivas y que la normativa propuesta debería tener un "carácter de bases de la ordenación de los seguros privados" en lugar de apelar a la competencia exclusiva del Estado en materia mercantil.
Lo mismo sucede con la autoridad de supervisión, ya que se establece que la única con competencias en este ámbito será la nacional, sin reconocerse también a las autoridades autonómicas, lo que a juicio de CiU constituye una "clara invasión competencial" y una "merma de autonomía".
Por último, los nacionalistas catalanes alegan que "no existe obstáculo legal" para que una comunidad autónoma supervise la actividad de una entidad aseguradora y/o reaseguradora extranjera o de una agencia de suscripción que limiten su ámbito de actuación a su territorio, algo que la propuesta normativa del Gobierno no permite.
