MADRID, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -
El Consejo de Ministros aprobó hoy dos Reales Decretos por los que se traspasa a Cataluña la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, y se realiza una ampliación de medios en materia de Administración de Justicia.
Estos dos traspasos fueron acordados ayer durante el Pleno de la Comisión Mixta de Transferencias Administración del Estado-Generalitat. De esta forma, Cataluña se convierte en la primera comunidad autónoma que recibe este traspaso, vinculado al desarrollo del Estatut.
Hasta el momento, las funciones inspectoras que ejercía la administración autonómica se realizaban mediante acuerdos de colaboración con el Ministerio de Trabajo.
El acuerdo tendrá un coste efectivo de 11,9 millones de euros y supondrá el traspaso a la Generalitat de 249 puestos de trabajo: 93 del Cuerpo de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social, 55 del Cuerpo de Subinspectores de Empleo y Seguridad Social, 89 funcionarios y 12 laborales.
A partir del próximo lunes 1 de marzo la Generalitat ejercerá la función inspectora sobre cuestiones como la vigilancia del cumplimiento de las normas legales, reglamentarias y el contenido normativo de los convenios colectivos.
También realizará la asistencia técnica a empresas y trabajadores, a órganos de las administraciones públicas sobre la aplicación de normas de orden social y a la vigilancia y control de ayudas y subvenciones públicas.
Asimismo, emitirá los informes que le soliciten los órganos judiciales; y llevará acabo el arbitraje, la conciliación y la mediación en conflictos laborales en que se le solicite.
Para garantizar la coordinación de los servicios de Inspección, se prevé la firma de un convenio de colaboración entre ambas administraciones para la creación del Consorcio de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Cataluña. Al efecto, se establecerá una oficina unificada con una gestión, servicios administrativos y de atención a la ciudadanía comunes y con recursos compartidos.
El Gobierno también ha aprobado un Real Decreto por el que se realiza una ampliación de medios en materia de Administración de Justicia, con los que se financiará la creación de veinte nuevos órganos jurisdiccionales. Tendrá un coste efectivo de 1,55 millones de euros y la entrega, por una sola vez, de 6,54 millones.
