Las compañías asesoraban proyectos de I+D+i y falseaban información para lograr mayores subvenciones públicas
BILBAO, 20 Dic. (EUROPA PRESS) -
La Diputación foral de Vizcaya ha remitido a la Fiscalía un nuevo caso de fraude en el que se denuncia la comisión de sendos delitos de estafa y falsedad documental por parte de un entramado empresarial que se dedicaba a obtener, "de forma indebida", subvenciones de instituciones públicas por la realización de actividades de asesoramiento de I+D+I.
En un comunicado, la institución foral vizcaína ha afirmado que la investigación, desarrollada en los últimos meses por el equipo de inspección de la Hacienda Foral del territorio, "ha sacado a la luz" una red en la que estaban implicadas cinco sociedades de consultoría y cinco personas físicas domiciliadas en Erandio, Barakaldo, Leioa y Basauri.
La trama estaba especializada en la prestación de servicios de consultoría a empresas y ofertaba ayuda en la tramitación y presentación de proyectos de I+D+i, con el objeto de obtener las correspondientes subvenciones de los organismos públicos.
En el caso inspeccionado, las ayudas se han obtenido del Departamento de Promoción Económica de la Diputación foral de Vizcaya, que también ha colaborado en la investigación, y de la Sociedad para la Promoción y Reconversión Industrial, (SPRI), organismo adscrito a la Consejería de Industria, Innovación Comercio y Turismo del Gobierno Vasco.
La cuantificación de las ayudas defraudadas en concepto de subvenciones se determinará en la instrucción penal, si bien el delito de estafa está tipificado en el artículo 248 del código penal y el de falsedad documental en el artículo 392, castigados, cada uno de ellos, con penas de prisión de seis meses a tres años.
Tras enviar este nuevo caso de fraude a la Fiscalía, la Hacienda mantiene la investigación abierta, con el objetivo de "determinar si esta práctica se ha realizado también por otras empresas y entidades de consultoría, a efectos de proceder a denunciar cuantas actuaciones delictivas se detecten".
DESARROLLO DE LA TRAMA
La institución foral ha asegurado que los hechos se han realizado de forma continuada durante los ejercicios 2008 a 2011. Según los datos obtenidos, la consultora "incrementa ficticiamente", el importe de los proyectos presentados con el fin de obtener una mayor subvención para sus clientes, "cobrando, de ese modo, unos mayores emolumentos por sus servicios".
"Es decir, la consultora procede a la emisión de facturas por un importe superior al real, facturas que se incorporaban al proyecto presentado ante la institución pública y que, por tanto, generan una mayor subvención para el cliente y unos mayores honorarios para la consultora", ha precisado.
Posteriormente, y con el objetivo de contrarrestar los efectos financieros y fiscales de esa facturación inflada, se procede a suministrar "una corriente de facturas falsas" del cliente a la consultora, que se ocultaban al Departamento de Promoción Económica y a la SPRI.
Estas falsas facturas simulan entregas de bienes o prestaciones de servicios inexistentes desde el cliente hacia la consultora. En algunas ocasiones, el procedimiento utilizado para "desinflar" la facturación de las consultoras consistía en la emisión de facturas de abono por las consultoras a los clientes, y que no se comunicaban a la institución pública correspondiente.
Además, se ha constatado que alguna de las consultoras investigadas ha utilizado esta técnica para conseguir sus propias subvenciones. En concreto ha obtenido una factura falsa de una empresa que, posteriormente ha presentado en el marco de un proyecto subvencionable por una institución pública. Más tarde, tras recibir la subvención, ha solicitado al emisor de la factura que la anulara.
El Fisco vizcaíno ha puesto estos hechos en conocimiento de la Fiscalía Provincial de Vizcaya, a la que ha aportado diversa documentación, entre la que figuran las declaraciones de los responsables de la mayoría de las empresas involucradas, que han reconocido los hechos denunciados y se han comprometido a regularizar la situación, tanto a través de la devolución de las subvenciones indebidamente obtenidas, como de las deducciones fiscales indebidamente acreditadas por la realización de este tipo de actividades.
