Directivos de Danone, Capsa y Ebro declaran como imputados el día 16 en la Audiencia Nacional por la 'leche negra'

MADRID 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

Directivos de Danone, Corporación Alimentaria Peñasanta (Capsa) y Ebro Puleva declararán el próximo miércoles, día 16, en la Audiencia Nacional en calidad de imputados sobre su presunta implicación en el denominado caso de la 'leche negra', que investiga un fraude a la UE por impago de la tasa suplementaria exigida para poder comercializar el exceso de cupo de producción fijado para España.

Según informaron hoy a Europa Press en fuentes de la Federación Española de Empresarios Productores de Leche (Prolec), sus declaraciones concluyen la primera ronda de comparecencias de las 52 personas entre las que figuran productores y responsables de industrias lácteas que presuntamente receptaron leche fuera de cuota en los ejercicios 1998-1999 y 1999-2000, y cuyo contenido no ha trascendido.

En concreto, la Acusación Pública solicitó las declaraciones, entre otros, del vicepresidente de Ebro Puleva, Guillermo Mesonero Romanos, del ex presidente de Puleva Biotech, Javier Tallada García de la Fuente, de los ex directivos de Danone Ricardo Fuster y Javier Emilio Robles González y del actual presidente de Clesa, Arturo Gil Pérez Andújar.

El representante del Ministerio Público justificó su solicitud en distintos informes remitidos sobre este caso por la Guardia Civil, así como en la documentación intervenida en los registros practicados en su día a otros imputados.

Según el fiscal, una parte de los imputados se corresponde con los responsables de las industrias lácteas receptoras de leche fuera de cuota, mientras que el resto son responsables de cooperativas "a través de las que se canalizaba la leche procedente de los ganaderos-productores para hacerla llegar a las grandes industrias lácteas, así como de sociedades utilizadas con la finalidad de dificultar el descubrimiento de los hechos".

GANADEROS: INVESTIGACION EFICAZ.

Según el gabinete jurídico de Prolec, la Fiscalía pretende investigar la relación entre las prácticas llevadas a cabo desde 1997 a 2003 con operaciones atípicas que realizan empresas o entidades en la actualidad (en 2004 y 2005) con el fin de eludir el pago de la tasa láctea.

La Federación de ganaderos productores de leche valoró además que el camino seguido hasta el momento en la investigación del caso de la leche negra "ha sido eficaz para conseguir la igualdad de condiciones en el mercado lechero y lácteo, objetivo que persigue Prolec desde sus inicios".

SOCIEDADES IMPLICADAS.

Además de varios directivos de las empresas lácteas mencionadas, el fiscal pidió al juez Grande-Marlaska que cite como imputados a determinados responsables de Nuprosa S.A. (actualmente Clesa), Luasol (actualmente Puleva Food, S.L.), Grupo El Prado Cervera S.L., Corporación Alimentaria Peñasanta S.A. (CAPSA) y Prolaga (Productos Lácteos Gaditanos), Trébol Lácteos de Galicia S.L., Agroservis S.L, Agrolácteos S.L., Rulesa Antequera S.L., Industrias Lácteas del Sur S.A., Prolasur y Transportes Gasolina.

Igualmente, se pidió interrogar a responsables de cooperativas lecheras como Mollerusa i Comarca S.C., Sociedad Cooperativa Láctea Alto Aragón, NRO 010 CM Garpla S.A.T, Comercial Láctea de la Selva S.L., Cooperativa Nuestra Señora Virgen de la Alcantarilla, Codeira, San Mamed de Nodar, Productores de Leche Alto Aragón, Fricoaga, Láctea Antequerana, Oscagro, Sociedad Cooperativa Láctea Alto Aragón y Agrocomercio de la Rivera y Láctea del Guadalquivir.

La Audiencia Nacional investiga este caso desde 2001, a raíz de una querella presentada por la Fiscalía Anticorrupción contra la empresa 'El Churtal', a la que se acusa de haber defraudado a la Unión Europea 82 millones de euros por impago de la tasa suplementaria de exceso de producción.

En noviembre de 2004, el juez Baltasar Garzón decreto la libertad bajo fianza de 50.000 euros de Jorge y Pedro José Merediz, los responsables de 'El Churtal', quienes según el magistrado habrían desarrollado desde 1997 "una labor de intermediación y colocación de los excedentes lácteos producidos (...) por los ganaderos y productores autorizados".

Para ello, según la instrucción del caso, se ponían de acuerdo con ganaderos y empresas comercializadoras del sector que "simulaban la adquisición de leche ocultando tanto al Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) como a la Hacienda Pública a los supuestos vendedores".