MADRID, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -
La Agencia Tributaria ha aumentado en 2012 un 10,4% las actuaciones de colaboración con los órganos jurisdiccionales en la investigación y persecución del delito. El pasado año se han registrado 766 actuaciones de colaboración entre peritos, testigos y auxilio judicial. Esta cifra se ha ampliado desde el año 2010 en el que se registraron 632 y en 2011 en el que se catalogaron 694, según ha informado el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
Bajo supervisión judicial, la Agencia Tributaria adopta "medidas cautelares" para el aseguramiento de las posibles responsabilidades que se han declarado en el proceso penal y realiza investigaciones de la situación patrimonial de las "personas relacionadas con el delito denunciado".
La administración tributaria ha auxiliado a los jueces y tribunales en la ejecución de las sentencias condenatorias por delito contra la Hacienda Pública exigiendo la pena de multa y la responsabilidad civil declarada en sentencia.
La Agencia Tributaria ha remitido con regularidad información a los órganos del Ministerio Fiscal. Las actuaciones se han encauzado a través del convenio de colaboración suscrito, en materia de cesión de información tributaria, entre el Consejo General del Poder Judicial, el Ministerio de Justicia y la propia Agencia Tributaria.
La unidad de apoyo a la Fiscalía Anticorrupción está dotada con nueve funcionarios de la Agencia Tributaria. Realiza informes, auditorías y actuaciones que le requiere el fiscal jefe de la Fiscalía Especial o el Fiscal General del Estado.
POLICÍA JUDICIAL
La labor de apoyo al Poder Judicial la realizan los cerca de 900 funcionarios de vigilancia aduanera en su función de policía judicial. En 2012 se registraron 414 expedientes judicializados con funcionarios en tareas de policía judicial.
La vigilancia aduanera tiene la consideración de policía judicial en asuntos concretos relativos a la persecución de los delitos de contrabando y otros conexos como el blanqueo de capitales y delitos contra la propiedad industrial e intelectual.
Asimismo, puede actuar en investigaciones relacionadas con el fraude fiscal y la economía sumergida, con la previa encomienda de un juzgado, tribunal o del Ministerio Fiscal. Tampoco podrán ser removidos o apartados de la investigación si no es por decisión del juez competente y están vinculados por el secreto de sumario.
