Actualizado 26/04/2007 16:20 CET

Economía/Agricultura.- El CES cree necesaria la coordinación con las CCAA en la Ley de Desarrollo del Medio Rural

MADRID, 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Consejo Económico y Social (CES) aprobó hoy el Anteproyecto de Ley de Desarrollo Sostenible del Medio Rural por 38 votos a favor y uno en contra, y abogó por que las distintas administraciones autonómicas se coordinen para garantizar su eficacia.

Esta coordinación es necesaria por la amplitud de ámbitos y materias que aborda la futura ley, como la ordenación territorial, el medio ambiente, la protección social, el empleo, la educación, la sanidad, el urbanismo o la vivienda, argumentó.

El pleno CES lamentó además el retraso sufrido en la recepción de la Memoria Económica de la futura ley porque no le ha permitido hacer un análisis en profundidad de la misma, y estimó conveniente que se aclaren las fuentes de financiación de cada partida presupuestaria, para ver el alcance de la aportación adicional de la Administración General del Estado.

El organismo solicitó también que en su momento le sea remitido el denominado 'Programa de Desarrollo Rural sostenible' asociado a esta Ley con el fin de someterlo a dictamen.

Por otro lado, apostó por que sea la legislación sectorial de empleo público la que establezca los mecanismos de incentivo profesional y el impulso progresivo a la integración de regímenes de Seguridad Social.

EMPLEO Y RENTAS.

Sobre el sector agrario, aconseja un debate para garantizar el empleo y rentas suficientes, que los agricultores y sus entidades asociativas titulares de las explotaciones, entre ellas las comunidades de montes, permanezcan y gestionen el territorio de forma sostenible.

En su dictamen, destacó "la oportunidad y la importancia" del Anteproyecto, por tratarse de una legislación integral del desarrollo sostenible del medio rural "desde una dimensión socioeconómica y medioambiental".

Asimismo, el CES, que muestra su interés por el mantenimiento y la generación de empleo que pueda derivarse de su aplicación, resaltó "el volumen de población potencialmente beneficiaria, el territorio y el patrimonio cultural afectados".

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