BRUSELAS, 21 Dic. (EUROPA PRESS) -
El PP reclamó hoy a la Comisión Europea que incluya en su propuesta sobre la reforma de la organización común del mercado (OCM) de frutas y hortalizas ayudas para la transformación de cítricos determinadas por hectárea y no desvinculadas de la producción, de manera que se eliminen el trato "discriminatorio" a los productores españoles a favor de los de otros países como Grecia o Italia.
El eurodiputado popular José Manuel García Margallo consideró que, según las ideas planteadas de momento para la reforma, las ayudas desvinculadas para la transformación de cítricos darían lugar a un trato "discriminatorio". Afirmó que para los productores españoles se traduciría en una ayuda por hectárea de 300 euros, una cantidad que se doblaría en el caso de los productores griegos y que alcanzaría los 700 euros por hectárea para los productores italianos.
Reclamó una justificación de las razones de ese trato desigual entre agricultores de la UE y que se den "razones técnicas" por las que no debería repartirse todo el presupuesto del sector de cítricos entre las hectáreas plantadas en cada país, otorgando la misma ayuda por hectárea a todos los productores, lo que garantizaría un trato equitativo al sector, indicó el PP en un comunicado.
García-Margallo firmó una de las demandas que figuran en la batería de preguntas que presentó el PP al Ejecutivo comunitario para que, en términos generales, explique el impacto que tendrá en el sector de los cítricos su propuesta de reforma del mercado de las frutas y hortalizas", cuya fecha oficial de presentación está prevista para el 24 de enero.
Por su parte, la eurodiputada Pilar Ayuso preguntó cuáles son los motivos de querer desvincular las ayudas para la transformación de cítricos de la producción "cuando se trata de un cultivo leñoso plurianual con características agronómicas muy distintas" a otros productos en los que sí se da esta práctica. También es distinto "el impacto económico y medioambiental que tal medida podría tener para el sector" y reclamó establecer al menos "una cuantía mínima por hectárea que cubriera los costes de recolección".
En otra interpelación a la Comisión, Luis de Grandes advirtió del riesgo de "competencia desleal" al que podría dar lugar la aplicación de la propuesta, puesto que levantaría la veda para que agricultores procedentes de otros cultivos que perciben ya una ayuda desacoplada desembarquen en el sector hortofrutícola, dañando así los intereses de los productores tradicionales y generando un problema de "rentabilidad para muchos agricultores frente a otros que ya tienen su rentas aseguradas".
Alejo Vidal-Qadras, por su parte, reclamó que el presupuesto disponible para gestión de crisis se separe de los fondos operativos para las organizaciones de productores. Consideró que si será necesario dedicar hasta un tercio de este presupuesto a la gestión de crisis, se irían demasiados recursos a otras medidas muy necesarias para el sector hortofrutícola.
Por último, Cristina Gutiérrez-Cortines, solicita a la Comisión que explique por qué el proyecto de reforma no aborda el problema de los controles fitosanitarios existentes en los intercambios con países terceros.
Reprochó que de momento no se propongan cambios en este sentido cuando "el control fitosanitario de las importaciones de terceros países que se realiza actualmente es totalmente insuficiente y permite que mercancías importadas a la UE puedan transmitir enfermedades a los cultivos comunitarios". "Los exportadores de terceros países vulneran las normas fitosanitarias de importación utilizando puertos muy alejados de las zonas productoras comunitarias, con lo que se garantiza un menor rigor en el control sanitario de sus exportaciones", afirmó.
