Economía/Agricultura.- Regantes reclaman la planificación fluvial estatal para evitar descoordinaciones ante incendios

Actualizado: viernes, 10 agosto 2007 12:48

MADRID, 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Federación Nacional de Comunidades de Regantes (Fenacore) defendió hoy que las competencias de planificación fluvial pertenezcan exclusivamente al Estado, para evitar "descoordinaciones tan graves" como las producidas en los últimos años en relación a los incendios de Guadalajara (2005), Galicia (2006) y, hace tan solo una semana, las Islas Canarias.

Fenacore afirma que este tipo de desastres "cuestionan la eficacia de las comunidades autónomas para asumir determinadas competencias estatales" que, si bien en el caso de los incendios, están legalmente transferidas, en el caso de los ríos, su eventual transferencia a una comunidad autónoma, afectaría además al orden constitucional al romper con los principios de solidaridad territorial y dominio público hidráulico estatal.

Con este argumento, advierte de que la pretendida titularidad exclusiva sobre las aguas, que realizan algunas reformas estatuarias recientes, pueden terminar con el modelo tradicional de gestión por cuencas hidrográficas del que España fue pionera y que ha servido de base en Europa para la Directiva Marco de Aguas (DMA).

Para Fenacore, la transferencia de las competencias ejecutivas sobre el dominio público hidráulico a las comunidades debe hacerse en los términos de la legislación de aguas, ya que la naturaleza de la cuenca hidrográfica exige una gestión unificada en manos de los organismos de cuenca y de indivisibilidad por tramos autonómicos.

Este "nuevo sistema ribereño territorial" en el que, a través de los estatutos de Autonomía, distintas comunidades quieren asumir competencias exclusivas sobre el control de los recursos hídricos que discurren parcialmente por su territorio, puede derivar en un modelo autonómico "insolidario" y en auténticas "guerras del agua" entre comunidades autónomas, estima.

En este sentido, apunta que esta confrontación política tiene su reflejo en los recursos que Aragón, Extremadura, Valencia y Murcia han anunciado que interpondrán ante el Tribunal Constitucional contra los Estatutos de las otras comunidades autónomas por considerar que pretenden privarles de sus derechos sobre el agua.

De esta forma, Castilla y León reivindica la gestión del río Duero, Castilla-La Mancha exige el control del Tajo y el Júcar, Andalucía reclama la gestión exclusiva del río Guadalquivir, Cataluña y Aragón propugnan la gestión individualizada de sus respectivos tramos autonómicos del río Ebro, oponiéndose frontalmente a cualquier posible trasvase.

La federación de regantes aboga por un gran pacto político sobre el agua entre las fuerzas políticas, sociales y económicas basado en los criterios de sostenibilidad, racionalización económica y solidaridad territorial, que garantice a los usuarios a corto y medio plazo el suministro en zonas deficitarias y el desarrollo económico de todas las regiones españolas.