MADRID, 29 Nov. (EUROPA PRESS) -
Empresas de construcción, alimentación y cooperativas agrarias denunciaron hoy que la Ley de Lucha contra la Morosidad en las Operaciones Comerciales no se aplica y que la Administración central y autonómica no vela por su cumplimiento, por lo que reclamaron a las autoridades mecanismos para atajar las prácticas abusivas.
Así lo constataron la Confederación de Cooperativas Agrarias de España (CCAE), la Confederación Española de Asociaciones de Fabricantes de Productos de la Construcción (Cepco), la Asociación Nacional de Distribuidores de Cerámica y Materiales de Construcción (Andimac) y la Federación de Industrias de la Alimentación y Bebidas (FIAB), después de dos años de vigencia de la norma.
Según estas empresas, los plazos de pago reales distan mucho de los plazos impuestos por la ley, ya que en la práctica se aplican aplazamientos que van desde los 45 a los 300 días, dependiendo del sector, el producto y la posición del deudor.
Asimismo, destacan que aunque la ley impone altos intereses para evitar la practica de la morosidad, las empresas no aplican este sistema disuasorio por temor a dañar las relaciones con el cliente, lo que es un síntoma claro de desequilibrio entre el suministrador y el comprador.
Las organizaciones han detectado también que las cláusulas abusivas se mantienen en los contratos proveedor-cliente, ya que no se ha constatado la existencia de ninguna sentencia en este ámbito en los dos años de aplicación de la ley, porque las condiciones abusivas se practican mediante prácticas difíciles de identificar.
Concretamente, reclaman un sistema específico de control y seguimiento administrativo de la ley por parte de la Administración central y autonómicas, un proceso de coordinación de su aplicación, y un procedimiento para que las asociaciones representativas denuncien este comportamiento ante los tribunales.
