MADRID, 18 Dic. (EUROPA PRESS) -
La Comisión de Economía ha aprobado este miércoles el proyecto de ley de cobertura por cuenta del Estado de los riesgos de la internacionalización de la economía española, que prevé la privatización de la gestión de la Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación (Cesce).
La normativa, que ahora será remitida al Senado para su tramitación, ha contado con el apoyo de PP y CiU, frente al rechazo del resto de la oposición, que cree que este importante instrumento de gestión del riesgo en la internacionalización de las empresas funciona bien y, por tanto, debe mantenerse en manos públicas, al margen de que puedan plantearse mejoras en su gestión.
No obstante, los 'populares' han aceptado tres enmiendas transaccionadas con seis propuestas de los grupos de la oposición, de modo que el secretario de Estado de Comercio --a la sazón, presidente de la Comisión de Riesgos por cuenta del Estado-- deberá comparecer ante el Congreso anualmente para informar sobre la evolución del servicio y presentar la memoria anual del organismo.
Además, se precisa el régimen de transición en caso de que la designación del agente gestor (tras los ocho años de gestión de Cesce) quedara desierto, asignando la garantía de estas coberturas de riesgos de internacionalización al Ministerio de Economía. Y, para evitar conflictos de intereses entre esta función pública y los intereses privados de la empresa nombrada agente gestor, se fía a un reglamento la definición de este tipo de situaciones y su resolución.
GRAN OPORTUNIDAD
Así, el 'popular' Sebastián González Vázquez ha valorado la "oportunidad" que da este proyecto de ley para lograr una "mayor eficiencia y eficacia" en las políticas de apoyo a la internacionalización de las empresas, de modo que se pueda lograr que "la demanda externa se convierta en un elemento estructural del crecimiento económico a largo plazo".
"Para ello debemos reorientar y fortalecer, como han hecho otros países de nuestro entorno, una de las principales herramientas, como es la gestión de la cobertura por cuenta del Estado de aquellos riesgos a la exportación que el mercado no cubre. Queremos elaborar una nueva normativa que sustituya a la de 1970, adaptándola a una nueva situación de la economía y de los mercados internacionales, cada vez más complejos y cambiantes", ha insistido.
Además, ha destacado que con este proyecto de ley se dotará al sector de la aseguración de las exportaciones de un marco regulador "claro y más flexible" con un modelo de gestión "más eficiente, dinámico y competitivo", donde el Gobierno mantenga la supervisión y el control de la cuenta del Estado, que es un "servicio de interés económico general y estratégico". "Lo sustancial de las funciones del Estado quedan garantizadas, y sólo dejamos la gestión más ágil y flexible al sector privado", ha apostillado.
Inmaculada Riera (CiU) valora este proyecto de ley, que busca "mejorar la eficiencia y eficacia" del CESCE y también reducir el "riesgo que asumen las empresas en sus procesos de internacionalización", asegurando así la "estabilidad" del sistema. No obstante, cree "fundamental" que se preserve la parte pública que ahora gestiona este organismo y que la información generada por esta actividad quede en manos del Estado una vez superado el periodo de transición, que debería aclararse.
"La privatización de CESCE puede contribuir a mejorar aspectos importantes como la clarificación del organismo ante el mercado, que ya no dudará de cuándo se actúa por cuenta propia o por cuenta del Estado, incorporar a socios de perfil diverso como las aseguradoras, que puedan aportar conocimientos técnicos y de mercado; tener una mayor flexibilidad y nuevos criterios en las políticas de remuneración del personal o tener más agilidad en la adaptación tecnológica", ha añadido.
FORTALECERLO, NO PRIVATIZARLO
El socialista Manuel González Ramos ha acusado al PP de "aprovechar una y otra vez esta desgraciada crisis para recortar y privatizar lo que funciona bien" y ha recordado que Cesce es un instrumento "muy útil, y más en estos momentos de crisis económica". Por eso, ha reclamado mantener su carácter público aunque mejorando los posibles fallos que tenga su gestión.
"Los instrumentos que funcionan como Cesce hay que potenciarlos y afianzarlos, no privatizarlos. Máxime cuando es solvente y tiene buenos beneficios: 20 millones de euros en 2012 y 43 millones en 2011. Además, no le cuesta nada al Estado, da seguridad a las empresas y, desde 2008, sus fondos propios han aumentado un 87%", ha recordado.
También el portavoz económico de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), Alberto Garzón, rechaza "privatizar" uno de los pocos instrumentos que aún está en manos del Gobierno para poder hacer su política económica, a pesar de tratarse de una empresa rentable. "No es sólo una cuestión económica, sino también de democracia, porque se pasa a manos privadas un instrumento que se arrebata a los ciudadanos", ha señalado.
Además, ha recordado que no se puede dejar todo en manos de la autorregulación de los mercados sino que debe haber una "dirección del sector público con directrices políticas que reconfiguren el modelo de crecimiento y el papel de las empresas exportadoras en la estructura económica del país". Asimismo, ha expresado sus preocupaciones sobre las consecuencias laborales de la privatización.
AMPLIAR SU IMPLANTACIÓN Y COBERTURA
El portavoz económico de UPyD, Álvaro Anchuelo, rechaza la premisa en la que se basa el proyecto de ley de que "lo privado siempre funciona mejor que lo público". "No siempre es así", ha señalado, criticando que se trate de cambiar "radicalmente" un organismo que funciona "bien" y que incluso tiene beneficios.
Por eso, cree que los cambios deberían buscar objetivos como ampliar la cobertura a impagos privados y otros riesgos, hacer más accesible el Cesce a las pymes, ampliar el número de países con cobertura o integrar mejor la compañía con otros organismos como ICEX o las Cámaras de Comercio. Y, en todo caso, sin privatizar la empresa.
Rafael Larreina (Amaiur) cree que esta ley "privatiza un servicio con un nivel de eficacia y eficiencia razonable, y que supondrá un grave perjuicio para las empresas exportadoras". "Esta ley es inútil y conseguirá torcer ese apoyo a las empresas exportadora, porque se primarán los intereses (de la empresa que se haga cargo del servicio)", ha pronosticado.
NUEVO AGENTE GESTOR
El proyecto del ley prevé la creación de un agente gestor como "figura autorizada" para gestionar la cobertura de riesgos para los que el mercado no ofrece aseguración, como los riesgos comerciales a largo plazo, los de desastres naturales o los de causas políticas (expropiaciones o conflictos armados, entre otros).
Así, durante los primeros ocho años (sin derecho a prórroga) será la propia CESCE la que actúe como agente gestor, pero luego se seleccionará a algún operador privado, preservándose los principios de idoneidad, transparencia, igualdad de trato, no discriminación y publicidad, entre otros.
Las funciones de control de riesgos que actualmente ejerce el consejo de administración de Cesce pasarán a ser ejercidas por una nueva Comisión de Riesgos, que reforzará el control público en la empresa tras su privatización y que tendrá nuevas funciones como valorar los riesgos asumidos por el agente gestor en nombre del Estado o comprobar se "maximiza la productividad y eficiencia" de la entidad.
Además, se crea un fondo de reserva de titularidad estatal para "facilitar la gestión de los recursos puestos a disposición del agente gestor para mejorar la calidad crediticia sin costes adicionales para las arcas públicas". Este fondo contará con recursos procedentes de las primas, los recobros y las comisiones, aunque también se podrán aportar cantidades desde los Presupuestos.
