PALMA DE MALLORCA, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -
La Audiencia Nacional ha desestimado el recurso de súplica presentado por la empresa balear Endesa Gesa contra el auto dictado por la Sala de lo Contencioso Administrativo, en el que rechazaba la petición de la eléctrica para que se invalidara la Resolución del Tribunal de la Competencia por la que se condenó a la compañía al pago de una multa de 900.000 euros por "prácticas contrarias a la libre competencia".
Parte de la sentencia se refería a la obligatoriedad de cesar en las prácticas prohibidas y a publicar el contenido íntegro de la Resolución del Tribunal en varios periódicos de tirada nacional y local, señala la Asociación de Empresarios de Instalaciones Eléctricas y Telecomunicaciones de Mallorca (Asinem).
Así, respecto a la obligatoriedad de cesar en las prácticas prohibidas, la compañía había alegado indefensión por cuanto existía, a su juicio, "cierta imprecisión" en las prácticas prohibidas, así como una contradicción entre éstas y las obligaciones en vigor que impone a las compañías distribuidoras.
En el recurso de súplica, Gesa trataba de evitar la publicación del contenido de la Resolución emitida en diciembre de 2006 por el Tribunal de la Competencia, alegando que la sentencia había sido difundida ampliamente por los medios de comunicación "y ello podría causar un perjuicio añadido a la compañía".
En ambos casos, la Audiencia Nacional desestimó la súplica "al entender que la resolución del Tribunal de la Competencia se había ajustado plenamente a derecho", ya que la compañía no había solicitado la suspensión de la parte que le obligaba al pago de la multa de 900.000 euros por las prácticas contrarias a la libre competencia.
CONDENA DEL SUPREMO.
En enero, el Tribunal de Defensa de la Competencia condenó a Gesa-Endesa a pagar 900.000 euros por abuso de posición dominante en Mallorca, a raíz de una denuncia presentada por Asinem, que consideraba ilegal que la eléctrica ofertara sus servicios como instaladora.
Asinem calcula que el sector factura anualmente por este tipo de trabajos del orden de 15 millones de euros, cantidad que, según denunció, Gesa se habría embolsado en buena medida al utilizar una información confidencial sobre las instalaciones eléctricas a realizar para ofrecer sus servicios a través de un presupuesto alternativo que el cliente aceptaba "con más facilidad" que el pactado inicialmente con un instalador externo.
Concretamente, la práctica condenada se basaba en el hecho de que los clientes --arquitectos y promotores, principalmente-- que desean dotarse de una instalación eléctrica deben rellenar a la compañía suministradora un documento en el que se indican los datos de la empresa instaladora y las características de los trabajos a realizar, que posteriormente empleaba Gesa para confeccionar una propuesta alternativa, a mejor precio, que ofrecía directamente al usuario.
