Economía/Empresas.- Los auditores piden un impulso a la transparencia y a la confianza económica para salir de la crisis

Actualizado 24/11/2011 14:05:13 CET

MADRID, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España (ICJCE), Rafael Cámara, ha considerado que es el momento de "dar un salto de calidad" que impulse la transparencia en las empresas y las administraciones como respuesta para salir de la crisis.

"Es el momento de dar un salto de calidad en la información que ofrecen las empresas y las administraciones", afirmó Cámara durante la apertura del XX Congreso Nacional de Auditoría que se celebra entre hoy y mañana en Vigo, en la que también participó el alcalde de Vigo, Abel Caballero, y el presidente del ICJCE de Galicia, Enrique González.

Cámara afirmó que cada vez resulta esta demanda resulta cada vez "más imperiosa", ya que "de esta crisis se sale con más transparencia, es lo que demandan los ciudadanos". Los auditores abogan así por una información financiera que sea cada vez más clara y relevante, y que ésta se amplíe a otros ámbitos de la empresa además del financiero.

En este sentido, Cámara señaló que "es imprescindible que se afronte la forma en la que reportan sus riesgos las empresas, hay que ser más transparentes en la estrategia de una organización, su gobierno corporativo, la sostenibilidad, el rendimiento financiero y el contexto social, ambiental y económico en el que operan".

El presidente del ICJCE apuntó que desde el comienzo de la crisis, la petición de auditorías voluntarias requeridas por las empresas se ha incrementado en un 10%, hasta alcanzar el 25% del total de las que se hacen en España.

Respecto a las administraciones públicas, Cámara advirtió de que buena parte del sector público local no esté sometido a ningún control, ni por parte de los órganos de fiscalización del sector público ni por parte de auditores privados.

Así, el presidente del ICJCE recordó que, según datos del último informe del Tribunal de Cuentas (2011), el 36% de los ayuntamientos españoles ni siquiera han presentado las cuentas del ejercicio de 2008, y, por supuesto, ningún organismo las ha fiscalizado.

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