Economía/Empresas.- Barnatrans se querella contra tres ex directivos por robo de información y revelación de secretos

BARCELONA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

La empresa transitaria Barnatrans, con sede en El Prat de Llobregat (Barcelona), ha presentado una querella criminal contra tres ex directivos por robo de información privilegiada y revelación de secretos a favor de una empresa competidora, MC Trinter, cuyos dos socios también han sido denunciados, según informaron a Europa Press fuentes jurídicas.

Según la querella, los tres directivos --Santiago Martínez, responsable de transporte marítimo, Francisco García, responsable aéreo, y Francisco Marquínez, jefe de informática-- se hicieron supuestamente con documentación de clientes de Barnatrans para suministrársela a los socios de MC Trinter, Enrique Mainar y Raimundo Casanovas.

Los directivos, que cursaron baja voluntaria de la compañía poco antes de los hechos que se les imputan, hicieron desaparecer información fundamental para Barnatrans con el objetivo de beneficiar a MC Trinter, robaron material del almacén y extendieron en el sector la idea de que la empresa estaba a punto de quebrar, todo ello con el objetivo de hacerse con su cartera de clientes.

Barnatrans se dedica a la intermediación del transporte con base en el Puerto de Barcelona y el Aeropuerto del Prat, así como a la gestión aduanera. En abril de 2008, la empresa fue adquirida, junto con Integral Transport Service, por Bestin Supply Chain, uno de los principales operadores logísticos del mercado ibérico, con una facturación de 110 millones, 300 empleados y cuyo consejero delegado es Josep Maria Puig.

La compañía acusa a los tres directivos y a los dos socios de MC Trinter de un delito relativo al Mercado, de un delito de descubrimiento y revelación de secretos, de un delito de apropiación indebida, de un delito de daños y de otro de injurias.

En la querella, se solicita al juez como diligencia previa que dé entrada y registro del domicilio social de MC Trinter, así como sus oficinas en el Aeropuerto de El Prat para intervenir documentación y ordenadores.

Los querellantes también solicitan al juez la condena civil por los daños causados y las correspondientes indemnizaciones, que a día de hoy todavía no están cuantificadas.