BRUSELAS, 11 May. (EUROPA PRESS) -
La Comisión Europea anunció hoy que ha abierto una investigación en profundidad sobre posibles ayudas públicas ilegales de casi 21 millones de euros concedidas por Italia a las empresas químicas italianas NGP y Simpe. El principal accionista de esta última es desde febrero de este año La Seda de Barcelona.
Estas ayudas se concedieron para la reestructuración de los activos consagrados a la polimerización en estas empresas, establecidas en la localidad de Acerra, en la región de Campania. El Ejecutivo comunitario quiere verificar si las compañías han financiado el 50% de los costes de reestructuración por sus propios medios tal y como fija la legislación comunitaria, y si se han adoptado medidas compensatorias para limitar cualquier distorsión a la competencia.
La apertura de una investigación formal dará a las partes interesadas la oportunidad de presentar su opinión sobre las medidas, y no prejuzga el resultado del procedimiento.
NPG se creó en 2003 a raíz de la separación de las actividades de producción de polímeros de poliéster de Montefibra, un productor de fibras de poliéster establecido también en Acerra. NPG pasó por problemas económicos en 2004 y en julio de 2005 se firmo un acuerdo por parte de las autoridades nacionales y regionales y por varias empresas situadas en Acerra para salvaguardar la producción de polímero de poliéster en esta localidad.
Tras este acuerdo, NPG puso en marcha una nueva compañía, Simpe, a la que transfirió los activos dedicados a la polimerización en septiembre de 2005. NGP mientras tanto centró sus actividades en el suministro de servicios a otras compañías localizadas en Acerra. De acuerdo con el plan, Simpe estaba obligada a consagrar una importante inversión a la modernización de la planta de polimerización.
En febrero de 2007, La Seda de Barcelona se convirtió en accionista mayoritario de Simpe. Italia apoyó todo este proyecto a través de ayudas a la reestructuración por valor de casi 21 millones de euros. La ayuda se concedió en mayo de 2006 sin notificarla previamente a la Comisión. Este paso sólo se dio en julio de 2006.
El Gobierno de Roma dijo a la Comisión que la beneficiaria de la ayuda fue NGP. Durante el procedimiento de investigación, el Ejecutivo comunitario analizará si esto es cierto o si debería considerarse a Simpe como la beneficiaria, porque todas las medidas de ayuda se dirigieron directamente a la nueva empresa. La legislación comunitaria establece que las empresas recién creadas no pueden recibir normalmente ayudas a la reestructuración.
Bruselas recuerda que las ayudas para financiar la reestructuración de una compañía en dificultades plantean problemas de competencia porque pueden transferir de manera injusta el peso del ajuste estructural a otros productores más eficaces que operan sin ayudas. Por ello, este tipo de subvenciones sólo se autorizan cuando cumplen unas condiciones muy estrictas fijadas en las directrices comunitarias.
Las directrices requieren la existencia de un plan de reestructuración que permita a la empresa recuperar su viabilidad a largo plazo y competitividad. Además, deben ponerse en marcha medidas compensatorias para limitar las distorsiones a la competencia causadas por las ayudas, y el beneficiario tiene que hacer una contribución importante a la reestructuración. Hasta ahora, Italia no ha informado a la Comisión de ninguna medida compensatoria, ni de los costes totales de reestructuración o de la contribución del beneficiario.
