MADRID, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -
El contrato de Gas Natural y Repsol con Sonatrach para el desarrollo de la planta de Gassi Touil no menciona los retrasos en el proyecto como motivo para la rescisión del mismo por parte de la compañía estatal argelina, según el portal 'Tout sur l'Algerie'.
Este portal difundió ayer los nombres de los despachos de abogados que trabajan en el arbitraje internacional y hoy añade el de Uría Menéndez a la lista de defensores de las empresas españolas.
Fuentes de Repsol no quisieron pronunciarse sobre estas informaciones, según las cuales las partes acordaron ayer en París, en la primera audiencia ante el tribunal de arbitraje internacional, intercambiar documentos durante los dos próximos meses y diseñar un calendario preciso antes de que concluya esta semana.
El portal argelino asegura que el contrato no menciona los retrasos como causa de anulación. En concreto, el cese de la relación contractual estaba condicionada a una quiebra de las sociedades, a impagos y al no respeto de disposiciones contractuales.
El contrato recogía además que, en caso de retraso, sólo se aplicarían penalizaciones que, pese a poder alcanzar varios millones de dólares, distan mucho de la cifra de 7.000 millones de dólares (4.790 millones de euros) en los que está valorado el proyecto.
En el arbitraje, Repsol y Gas Natural han admitido que el proyecto experimentó retrasos, pero dicen haber respetado los términos del acuerdo y haber estado dispuestos a afrontar las penalizaciones por incumplimiento de los plazos.
Una fuente argelina citada por el portal lamenta que las compañías españolas presentaran la decisión de Sonatrach como una medida de carácter político y sostiene que Repsol y Gas Natural, a la vista de la escasa cuantía de las penalizaciones, no corrieron riesgos en el proyecto.
El gas ya había sido descubierto y Sonatrach sólo les había pedido que se dedicaran a la explotación del yacimiento, señala la fuente, que afirma que las compañías españolas no hicieron lo suficiente.
Sonatrach también reaccionó a los argumentos de Repsol y Gas Natural recordando que es a la compañía argelina a la que atañe la supervisión de la marcha de los trabajos.
EVALUACIÓN DE LOS RETRASOS.
El grupo argelino ha contratado a expertos europeos para evaluar el impacto de los retrasos. Esta labor durará seis meses y sobre sus conclusiones Sonatrach formulará sus exigencias de indemnizaciones.
En el proceso iniciado ayer en París, los grupos afectados exigen indemnizaciones por cerca de 1.000 millones de dólares (685 millones de euros) en total. Sonatrach cuenta con el asesoramiento del despacho de abogados Shearman & Sterling, mientras que Repsol y Gas Natural han confiado la defensa de sus argumentos al bufete francés Derains & Associés, así como a Uría Menéndez.
Las dos compañías españolas calculan que su inversión ya ejecutada en el proyecto ronda los 200 millones de dólares (135 millones de euros) en cada caso. A estos 400 millones los litigantes añaden 24 millones de dólares (16 millones de euros) de la penalización en caso de parón contemplada en el contrato con Sonatrach.
Esta cifra no incluye perjuicios relacionados con, entre otros aspectos, el lucro cesante por un proyecto que hubiese procurado cerca de 9 bcm (miles de millones de metros cúbicos) de gas natural, y que estaba considerado uno de los más destacados de las compañías españolas en Argelia.
LOS ARGUMENTOS DE SONATRACH.
A comienzos de septiembre Sonatrach publicó un comunicado en el que ofrecía los motivos de la rescisión del contrato de Gassi Touil. La compañía decía aplicar cláusulas incluidas en los contratos y apelaba a la "falta de ejecución por parte de Repsol y Gas Natural de sus obligaciones contractuales".
Este incumplimiento, señaló Sonatrach, "ha ocasionado retrasos y sobrecostes muy importantes", ante lo que las compañías españolas fueron "incapaces de reconducir la situación" pese a las "numerosas advertencias de Sonatrach".
La compañía argelina explica que el proyecto debía concluir en 2009, y que las estimaciones que barajaban las compañías españolas contemplaban un retraso hasta 2012.