ESTRASBURGO, 15 Nov. (EUROPA PRESS) -
El pleno del Parlamento Europeo aprobó hoy en segunda lectura una versión suavizada de la polémica directiva de servicios, cuyo objetivo es eliminar trabas burocráticas al libre establecimiento de empresas de servicios o a la prestación de servicios por parte de compañías establecidas en otros Estados miembros, y que se convirtió en uno de los factores del 'no' de Francia a la Constitución Europea por el miedo al 'fontanero polaco'.
Los parlamentarios rechazaron todas las enmiendas a la totalidad y parciales presentadas por los Verdes e Izquierda Unitaria y respaldaron así, sin necesidad de votar, la posición común pactada por los Veinticinco el pasado 29 de mayo, que rebajaba sustancialmente el texto inicial de la Comisión y eliminaba sus aspectos más polémicos siguiendo las directrices del Parlamento en primera lectura.
La norma persigue que el establecimiento de una empresa de servicios en otro Estado miembro sea lo más fácil posible, eliminando al máximo trabas administrativas y burocráticas. También pretende facilitar que una compañía pueda prestar servicios en otro país de la UE distinto al de su establecimiento, pero permite al país donde se presta el servicio introducir requisitos adicionales (respecto a los del país en que esté establecido el prestador) cuando estén justificadas "por razones de orden público, de seguridad pública, de salud pública o de protección del medio ambiente".
Los servicios no económicos de interés general están excluidos, en línea con la primera lectura parlamentaria. La definición de estos servicios compete al Estado miembro. Quedan fuera del ámbito de aplicación los servicios audiovisuales y los servicios cinematográficos. También los servicios sociales y los servicios proporcionados por asociaciones de beneficencia. Por último, la posición común confirma la exclusión de los servicios de las empresas de trabajo temporal, los servicios sanitarios, las actividades de juego por dinero (incluidas las loterías, juego en los casinos y las apuestas), los servicios de seguridad privados y la fiscalidad.
Entre los servicios incluidos se encuentran los de asesoramiento a empresas, gestión, consultaría, certificación, mantenimiento, publicidad, relacionados con la contratación de personal, o los servicios de agentes comerciales. Servicios de asesoramiento jurídico o fiscal, agencias inmobiliarias, construcción, incluidos los servicios de arquitectos, distribución y centros comerciales, la organización de ferias o el alquiler de vehículos y las agencias de viajes, guías turísticos, los servicios recreativos, los centros deportivos y los parques de atracciones son algunos de los ejemplos citados en el texto.
El comisario de Mercado Interior, Charlie McCreevy, insistió durante el debate previo a la votación que la directiva de servicios no socavará el derecho laboral de los Estados miembros ni los servicios de asistencia social como temen los países que más se han opuesto a la norma, como Francia, Alemania o Bélgica, que alegaban el riesgo de 'dumping social' ejemplificado en la figura del 'fontanero polaco'.
"La Comisión quiere decir sin ambigüedades que la directiva de servicios no afecta al derecho laboral establecido en las legislaciones nacionales ni a los derechos colectivos de los agentes sociales", dijo McCreevy en su comparecencia ante el pleno de la Eurocámara para pedir a los diputados que apoyen en segunda lectura el compromiso alcanzado por los Veinticinco el pasado 25 de mayo. Precisó no obstante que por encima del derecho laboral nacional seguirá estando el Tratado.
La directiva de servicios tampoco tendrá ningún impacto sobre el derecho penal, lo que significa, según el comisario de Mercado Interior, que "los Estados miembros podrán aplicar su derecho penal no sólo a los prestadores de servicios establecidos en su territorio sino también a los de otros países que presten servicios en su territorio".
Finalmente, McCreevy insistió en que quedarán fuera del ámbito de aplicación de la directiva los servicios sociales relacionados con la vivienda social, el cuidado de niños o la asistencia a familias o personas necesitadas prestados por el Estado, por iglesias o por organizaciones caritativas.
