Defiende la creación del Estatuto de Empresa Privada Europea pero no limitar su concesión a compañías con vocación transfronteriza
ESTRASBURGO (FRANCIA), 10 Mar. (EUROPA PRESS) -
El pleno del Parlamento Europeo dio luz verde este martes a un informe no vinculante en el que reclama armonizar a nivel europeo los plazos en que las administraciones públicas pagan a las Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES) para ayudarles hacer frente a la "actual contracción del crédito" provocada por la crisis. Piden que los plazos sean más cortos que en el caso de otras empresas y que los impagos conlleven sanciones.
Los eurodiputados advierten de que la falta de créditos disponibles por la crisis "puede afectar desproporcionadamente" a este tipo de empresas al recordar en su informe que una de cada cuatro PYMES quiebra se debe a la morosidad en los pagos correspondientes por sus servicios y especialmente por impagos de las administraciones públicas. También instan a los Veintisiete a promover cursos de reciclaje y de formación destinados específicamente a las necesidades de las PYMES.
Asimismo, los eurodiputados defendieron la necesidad de que la Ley de la Pequeña Empresa del Ejecutivo comunitario, que ofrece una guía a los Veintisiete con diez consejos para promover las PYMES, sea vinculante y no como ha propuesto Bruselas de cumplimiento voluntario y piden también que la ley simplifique como poco un 25% o más la burocracia para el establecimiento de estas empresas. El informe ha sido aprobado con 536 votos a favor, 47 en contra y 47 abstenciones.
Los eurodiputados instan a los Estados miembros examinar "atentamente" el régimen jurídico y fiscal aplicado a las PYMES y faciliten el relevo en este tipo de empresas, especialmente en los casos en los que el propietario se jubile o padezca una enfermedad.
También piden "vacaciones estadísticas" para las microempresas durante periodos determinados y más protección para las patentes de las PYMES. En este sentido, instan a los Veintisiete a llegar "rápidamente" a un acuerdo para crear una patente comunitaria "que garantice una protección jurídica poco onerosa, eficaz, flexible y de gran calidad, adaptada a las necesidades de las PYME" y subrayan la necesidad de crear un sistema europeo armonizado para resolver conflictos sobre patentes.
Para la autora del informe, la socialista húngara Edit Herczog, resulta "imprescindible" reducir al menos un 25% los trámites burocráticos para el establecimiento de las PYMES a través de una fiscalidad que beneficie el inicio de sus actividades y para fomentar la innovación e inversión empresarial. Asimismo, reclamó evaluaciones obligatorias y sistemáticas del impacto de las legislaciones europeas y nacionales en las PYMES.
ESTATUTO DE LA SOCIEDAD PRIVADA EUROPEA
En otro informe separado, los eurodiputados respaldaron la creación de un Estatuto de Sociedad Privada Europea, tal y como propuso recientemente la Comisión Europea. Dicho estatuto está pensado para contribuir a uniformar las normas para la creación de PYMES, facilitar el traslado de sus oficinas a otros países comunitarios sin tener que hacer lo mismo con la sede central --como ocurre hasta ahora-- y, en última instancia, evitar los costes derivados por la divergencia de normas para su creación en los distintos Estados miembros. El informe, elaborado por el eurodiputado popular alemán Klaus- Heiner Lehne, fue aprobado con 578 votos a favor, 72 en contra y 25 abstenciones.
Aunque los eurodiputados respaldaron crear el Estatuto de Empresa Privada Europea rechazaron aprobar una enmienda al texto que pretendía condicionar el acceso al estatuto que la empresa en cuestión tenga vocación de ejercer una actividad empresarial transfronteriza, tenga que ser activa de manera significativa en más de un Estado miembro o que su domicilio social, la sede de su consejo de administración, sus filiales o la sociedad matriz estén radicados en distintos países comunitarios.
El informe, que pide fijar sanciones para castigar el incumplimiento del reglamento por el que se establece el estatuto, rechaza la previsión de la Comisión de que el capital social de la empresa no sea un obstáculo para obtener el estatuto. La Eurocámara propone que las compañías firmen un certificado de solvencia y piden que su capital social se eleve a 8.000 euros si rechazan firmar dicho certificado.
Por otra parte, los eurodiputados piden que se refuerce la participación de los trabajadores de empresas con este estatuto, especialmente en los casos en que la compañía se traslade a otro Estado. Aunque las empresas con este estatuto se regirán por la normativa del país en que se establezcan, en caso de traslado, prevalecerá la normativa del país de destino con la excepción de que un tercio de los empleados pertenezcan al país original de la compañía.
