MADRID 7 Feb. (EUROPA PRESS) -
El Grupo Parlamentario Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) ha instado al Gobierno, a través de una proposición no de ley, a suprimir el coste del peaje que se aplicará a partir de 2010 por la presión del suministro de gas natural y gases manufacturados por canalización, alquiler de contadores y derechos de acometida para los grandes consumidores, que son los que están conectados a redes de presión igual o superior a 4 bar.
Según el texto de la proposición, al que tuvo acceso Europa Press, ERC indica que a los consumidores industriales que estaban conectados a gaseoductos a presión inferior a 4 bar con un consumo anual superior a 200.000 kilovatios por hora/año (kWh/año) podrían solicitar a su distribuidor la conexión a presiones superiores a 4 bar.
No obstante, en el caso de que la solicitud no pudiera ser atendida, por no disponer la empresa distribuidora de redes de dicha presión en su zona, el consumidor podría solicitar la aplicación de la tarifa para los consumidores conectados a gasoductos a presión entre 4 y 60 bar correspondiente a su consumo.
Para ERC, el hecho de que la orden hable de "redes en su zona" introduce un elemento de "ambigüedad" que deja la cuestión sujeta a "todo tipo de incertidumbres e interpretaciones". "En la actualidad existen en España muchas empresas alejadas de la red central de distribución y el coste de instalación lo soportaba la empresa distribuidora", apunta.
Esas redes en las que están conectadas dichas empresas tienen en su mayoría una presión inferior a los 4 bar y se aplica, a aquellas que lo hayan solicitado, la tarifa para consumidores conectados a gasoductos a presión entre 4 y 60 bar.
El hecho de estar conectados a una red diferente a su zona obligará a los consumidores a hacer frente a este peaje en función de la presión de suministro, aunque ERC considera que las empresas distribuidoras son las que deben hacer frente a este coste como hasta ahora se venía haciendo.
En el texto señala que con la redacción actual de la orden "no queda claro quién debe hacer frente al coste de la subestación de estos de estos gasoductos, lo que genera incertidumbre a los consumidores, ya que temen que se les pueda obligar a costear dicha subestación que tiene un elevado coste, y cuya instalación inicial fue a cargo de la empresa distribuidora".
ERC insiste en que si las distribuidoras no amplían su red de suministro "supondrá un grave prejuicio para estos consumidores que no podrán acceder a peajes que no sean los correspondientes a su presión de suministro y, además, sigue sin esclarecerse quién deberá costear el cambio de canalización a presión superior".