MADRID, 7 Feb. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno prevé ahorrar unos 550 millones de euros con las últimas medidas adoptadas en el decreto ley de Medidas Urgentes en el Sistema Eléctrico y en el Sector Financiero, aprobado por el Consejo de Ministros el 1 de febrero y que el próximo jueves será convalidado por el Pleno del Congreso.
Así consta en la Memoria del Análisis de Impacto Normativo de este decreto, a la que ha tenido acceso Europa Press y en la que el Ejecutivo cifra en 330 millones de euros el impacto de la sustitución del IPC por el IPC a impuestos constantes sin alimentos ni productos energéticos para las retribuciones reguladas, a los que hay que sumar los 225 millones que se prevén ahorrar con la nueva regulación del régimen especial.
El primer cambio, el relativo al IPC utilizado, tiene como objetivo "utilizar un índice más estable que no se vea afectado por la volatilidad de los precios de alimentos no elaborados y combustibles domésticos. Para ello, el Ministerio de Industria ha decidido que la actualización anual de las retribuciones reguladas del sistema de energía eléctrica esté vinculada con el IPC a impuestos constantes.
Esto supondría que, en octubre de 2012 por ejemplo, se hubiera aplicado una inflación del 0,47% en lugar del 3,48% que marcó el IPC. Así, el Ejecutivo prevé ahorrar 42 millones de euros de transporte, 30 millones de distribución, 256 millones del régimen especial y 2 millones de euros del extracoste de generación de los sistemas especiales insulares y extrapeninsulares (SEIE).
En total, 330 millones de euros de ahorros, si bien los dos millones de euros del extracoste de generación SEIS "debería ser financiado por los Presupuestos Generales del Estado, en cuyo caso no supondrá un ahorro para el sistema".
CAMBIO EN EL RÉGIMEN ESPECIAL
Por otra parte, los productores de tecnologías 'verdes' dejarán de tener la opción de elegir entre una tarifa fija y un precio de mercado más prima, y a partir de ahora deberán decidir a qué opción se acogen para el conjunto de años de funcionamiento de la instalación.
Según Industria, "el impacto económico de esta disposición depende en gran medida de la elección de los titulares de las instalaciones y, a su vez, de la evolución y previsiones del precio del mercado de producción". De hecho, el ministro José Manuel Soria avanzó en rueda de prensa que el impacto estaría entre los 250 y los 500 millones de euros, si bien la memoria económica rebaja esas previsiones a 225 millones de euros para 2013, "considerando un precio de mercado de unos 55 euros/MWh.
Además, asegura que ni el mantenimiento del régimen económico primado para las instalaciones solares termoeléctricas de carácter innovador ni el de las instalaciones de cogeneración tendrán impacto económico alguno.
NUEVAS DESVIACIONES
El Gobierno argumenta asimismo su decisión de optar por la vía del decreto ley para introducir estos cambios normativos. "Las medidas deben adoptarse con carácter de urgencia dado que, de lo contrario, no podría aprobarse la orden de peajes para 2013 manteniendo el nivel de peajes de acceso actual", explica en el informe, añadiendo que eso supondría repercutir la totalidad del ajuste en los consumidores y las empresas, afectando a la competitividad y capacidad de consumo.
Además, también se reconoce que las medidas impositivas adoptadas a lo largo de 2012 "pueden haber influido en la elevación del IPC" y que "debe evitarse que el incremento de un tributo provoque, a su vez, incrementos en las retribuciones reguladas del sector eléctrico" lo que, consecuentemente, podría elevar la inflación en un círculo vicioso.
Por último, el Gobierno asegura que la desvinculación de estas retribuciones del IPC y la decisión de actualizar conforme a la inflación a impuestos constantes evitará la "volatilidad del mercado", que "dificulta enormemente la estimación de costes del régimen especial, provocando desviaciones muy relevantes" entre costes e ingresos, como las que se han puesto de manifiesto este año.
