Economía/Finanzas.- ICV estudia recurrir ante el Constitucional la sentencia del caso de las cesiones de crédito

Actualizado: martes, 4 diciembre 2007 16:32

MADRID, 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

El diputado de Iniciativa per Catalunya Verds (ICV) en el Congreso de los Diputados y vicepresidente de esta formación, Joan Herrera, ha anunciado que ICV está estudiando recurrir ante el Tribunal Constitucional la sentencia del Tribunal Supremo sobre el caso de las cesiones de crédito, informó hoy el grupo parlamentario.

Dicha sentencia del Tribunal Supremo archiva el caso de las cesiones de crédito, que mantenía cargos contra el presidente del Banco de Santander, Emilio Botín, y resuelve que la acusación popular no puede sustentar la acción penal en solitario.

"La decisión del Tribunal Supremo vacía de contenido la figura de la acusación popular, un derecho reconocido en el artículo 125 de la Constitución", afirmó Herrera.

Asimismo, el diputado ecosocialista aseguró que con esta sentencia se pone de manifiesto que el Estado, antes con el PP y ahora con el PSOE, "se ha inhibido" a la hora de defender sus intereses y "ha renunciado a defender el erario público por encima de cualquier otro interés".

ICV explicó que el caso de las cesiones de crédito se inició entre los 1987 y 1989 cuando el Banco de Santander, junto con sus filiales Banca Jover, Banco Comercial Español, Banco Zaragozano y Banco de Murcia, comercializó un producto conocido como cesiones de nuda propiedad de créditos, dirigido a captar recursos financieros.

El Banco de Santander llegó a contabilizar 410.000 millones de pesetas con estos productos. Tanto el presidente del Banco de Santander, Emilio Botín-Sanz de Sautuola, como el consejero delegado del Banco, Rodrigo Echenique, participaron en el diseño de la estrategia y la operativa para comercializar las cesiones de crédito, cuyas directrices fueron preparadas posteriormente junto con el jefe de la Asesoría Jurídica, Ignacio Uclés, de forma que se atendiera a los requerimientos de información efectuados por la Agencia Tributaria obstaculizando su actuación y ofreciendo datos erróneos, incompletos o falsos, explica el grupo parlamentario en un comunicado.