BRUSELAS, 28 Jun. (EUROPA PRESS) -
España es el país de la UE con un número más elevado de ayudas públicas declaradas ilegales por la Comisión Europea y cuyo montante tendrán que devolver los beneficiarios, según el balance sobre ayudas de Estado que publicó hoy Bruselas. En él se indica que España concentra el 28% de todos los procedimientos de reembolso en curso.
"Es España donde encontramos el mayor número de procedimientos de
recuperación en marcha", en concreto 17, lo que "representa el 28% del total de la UE", indica el documento. Continúa diciendo que "la mitad de los procedimientos pendientes en España tuvieron relación con los regímenes vascos de fiscalidad", las denominadas "vacaciones fiscales vascas" por las que ayer la Comisión Europea denunció a España ante el Tribunal de Justicia
de la UE (TUE).
El balance difundido este jueves presenta la situación de los distintos países de la UE por lo que respecta a las ayudas estatales que son declaradas ilegales. Explica que esto ocurre bien cuando los gobiernos europeos no notifican a la Comisión la concesión de estas subvenciones a determinadas empresas o cuando, habiéndolo hecho, se actúa antes de que Bruselas haya hecho un análisis sobre su compatibilidad con las reglas para garantizar la competencia en el mercado europeo.
Cuando Bruselas declara que una ayuda pública es ilegal, el Gobierno que la otorgó tiene que recuperarla desde sus beneficiarios. De lo contrario, la Comisión puede demandar al Estado miembro en cuestión ante el TUE.
En relación a España, el documento recuerda que entre 2000 y 2006 se declararon ilegales 70 ayudas concedidas por el Gobierno, de las que el 59% se dieron a los sectores industrial y de servicios; el 20%, al sector agrícola; el 14% al ámbito de los transportes, y el 7%, al sector pesquero.
El balance apunta también que los principales casos de devolución de ayudas en España son los 22 millones de euros por una ayuda para Magefesa declarada ilegal, el importe al que ascendieron los créditos fiscales del 45% a las inversiones y las exenciones de impuestos que se contemplaron para las empresas de nueva creación en virtud de las "vacaciones fiscales" vascas y los alrededor 1.200 millones de euros que España aportó a los astilleros navales agrupados en IZAR.
GRANDES PAÍSES
En términos generales, el informe de la Comisión constata que son los grandes países -Francia, Alemania, Italia, España y Reino Unido, por ese orden-los que concentran la mayor parte de las ayudas declaradas ilegales, el 73% de la UE, particularmente en los sectores industrial y de servicios.
Así de las 608 ayudas que fueron declaradas ilegales entre 2000 y 2006, Alemania concentró el 24%; Italia, el 17%; España, el 12%; Francia, el 10%, y Reino Unido, el 9%.
Otro 25% de las decisiones se centraron en ayudas concedidas por el resto de los 10 antiguos Estados miembros y solo el 2% restante por parte de gobiernos de los diez países que se adhirieron en 2004, en concreto, de República Checa, Hungría, Polonia y Eslovaquia.
Como punto positivo, concluye del análisis de evolución entre 2000 y 2006 que ha aumentado el número de ayudas ilegales que se recuperan. El año pasado ascendió a la cantidad de 6.000 millones de euros, que supone el 71% del montante total.
Las fuentes comunitarias destacaron también el efecto que ha tenido la aplicación de una medida de "presión" para que las empresas y gobiernos afectados reembolsen las ayudas, el denominado principio Deggendorf, en virtud del cual una empresa que haya recibido una ayuda ilegal no podrá recibir otras posteriores -aunque sí sean legales-hasta que no haya devuelto la anterior. Este principio, recordaron las fuentes, también ha sido aplicado en el caso de España.
