Publicado 12/01/2015 18:31CET

El Gobierno dice que la 'licencia exprés' está siendo "un éxito"

Dos mujeres pasan delante de un comercio cerrado en Torrevieja
EUROPA PRESS

MADRID, 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno considera que la llamada 'licencia exprés' --que sustituye la mayoría de las autorizaciones administrativas por una declaración responsable para los negocios de ciertos sectores con una superficie de hasta 750 metros cuadrados-- está siendo "un éxito" y le achaca la apertura de casi 33.000 empresas más en 2013 que en 2012.

Así consta en varias respuesta al diputado socialista Félix Lavilla en relación con el comercio y las medidas puestas en marcha para fomentarlo, entre las cuales destaca la 'licencia exprés', que empezó a funcionar tras la aprobación de la Ley de Liberalización del Comercio, en noviembre de 2012, y fue ampliada en dos ocasiones hasta llegar a los 750 metros cuadrados y a un listado más amplio de actividades.

Según el Ejecutivo, esta licencia "está siendo un éxito" y está aportando un "cambio en la cultura administrativa" que ha logrado "importantes avances en la agilidad y eliminación de trabas para abrir un negocio comercial en España".

De hecho, según datos de la Agencia Tributaria (AEAT) sobre altas y bajas de los 73 epígrafes de actividades comerciales y de servicios incluidas en el ámbito de aplicación de la norma --con un límite únicamente de 300 metros cuadrados, ya que la ampliación a 500m2 primero y a 750m2 después no tuvo lugar hasta el año 2013, aplicándose por tanto el pasado ejercicio, para el que aún no hay datos--, el saldo total entre 2012 y 2013 fue de 54.791 nuevas aperturas, lo que supone 32.951 actividades más.

De ellas, 16.843 fueron del sector servicios y las 16.108 restantes locales comerciales. Esta evolución positiva contrasta con el saldo entre 2011 y 2012, cuando se perdieron más de 5.000 comercios de estas características en España.

"IMPORTANTE AHORRO ECONÓMICO"

Este cambio de modelo de autorización está propiciando además, dice el Ejecutivo, un "importante ahorro económico y de tiempo", que además se ve acentuado por el "margen de mejora" permitido a las comunidades autónomas para que establezcan regulaciones con un menor grado de intervención administrativa si cabe sobre las actividades que considere pertinente dentro de la norma estatal.

De hecho, según un estudio de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) que se cita en la respuesta parlamentaria, entre mayo y diciembre de 2012 el número de declaraciones responsables que se había tramitado era ya de 5.407 y el de comunicaciones previas superaba las 6.760. Además, 1.354 municipios se habían adherido ya a la plataforma 'Emprende en 3', que permite la gestión telemática de la 'licencia exprés'.

No obstante, el Gobierno reconoce que "no se puede efectuar una previsión futura concreta de lo que serán los datos sobre aperturas comerciales efectuadas bajo el régimen de declaración responsable o declaración previa", aunque sí afirma que "la valoración del resultado de la aplicación de la ley no puede ser más que positiva, dado que supone un paso adelante en la eliminación de trabas".

MENOS BARRERAS BUROCRÁTICAS

Y es que ése es, precisamente, el principal objetivo de la Ley de Liberalización del Comercio que introdujo la 'licencia exprés': evitar las barreras disuasorias en el inicio y ejercicio de la actividad que existían hasta ahora, tales como las licencias municipales para "actividades inocuas", en aras a "agilizar la apertura y funcionamiento de los establecimientos de comercio minoristas y de servicios".

Para ello, se eliminan las licencias de obras que "por su escasa entidad no afectan a la estructura del local", se reducen las cargas administrativas al empresario, exgiéndosele únicamente una comunicación previa o declaración responsable; y se elimina cualquier otro obstáculo que "repercuta negativamente" en la actividad de las pymes, excluyendo, eso sí, las actividades "susceptibles de afectar al patrimonio histórico-artístico o que implique un uso privativo y ocupación del dominio público".

Además, con esta normativa se "contribuye a instaurar como práctica habitual la intervención administrativa a través de mecanismos de control a posteriori de inspección y sanción", sin que ello signifique en absoluto una pérdida de calidad de los controles ni unas menores exigencias de cumplimiento de la normativa a los empresarios.

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