Granado se muestra partidario de que la futura prestación por paro de los autónomos no sea obligatoria para todo el colectivo
MADRID, 11 Oct. (EUROPA PRESS) -
El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales quiere suscribir en 2007 algo más de media docena de convenios específicos con comunidades autónomas para estudiar qué patologías son las que se dan con más frecuencia en las bajas por incapacidad temporal (IT) derivadas de enfermedad.
Durante su comparecencia en la Comisión de Presupuestos del Congreso, el secretario de Estado de la Seguridad Social, Octavio Granado, explicó hoy que los llamados riesgos psicosociales (cuadros de estrés, ansiedad, etc.) están teniendo actualmente una especial incidencia en las bajas por enfermedad.
De momento, señaló Granado, ya se han firmado tres convenios de estas características con tres comunidades (Extremadura y las dos Castillas), y se espera que a lo largo del próximo ejercicio se firmen otros siete u ocho acuerdos de esta naturaleza con otras regiones españolas.
Los objetivos de estos convenios son tres. Por un lado, Trabajo quiere ver si, estudiando las patologías más frecuentes en la IT, se puede mejorar el control del gasto en estas prestaciones. En segundo lugar, Trabajo pretende averiguar si podrían realizarse acciones para prevenir dichas patologías y, por último, quiere evitar situaciones de fraude o "picaresca" en las bajas por IT, especialmente cuando se trata de síntomas que pueden "fingirse".
Además de estos convenios específicos, Trabajo tiene suscritos otros acuerdos con las CC.AA. para controlar el gasto en prestaciones, acuerdos que, según Granado, están ejecutándose adecuadamente y dando buenos resultados, pues el ritmo de crecimiento del gasto se está desacelerando hasta cerca del 6%.
En cuanto a la ejecución de este año, Granado destacó que el gasto en IT por parte de las entidades gestoras de la Seguridad Social se situó, a 30 de septiembre, 90 millones de euros por debajo de la previsión presupuestaria.
En este sentido, destacó que 2006 será "la primera vez en muchos años" en que el gasto final se ajuste a lo presupuestado en el ámbito de las entidades gestoras. Para 2007, añadió Granado, el objetivo es lograr el equilibrio en las mutuas de accidente, entidades que también gestionan las bajas por IT.
"BLINDAR" LA SEPARACIÓN DE FUENTES.
Durante su comparecencia, Granado recordó que, en 2007, la aportación que efectuará el Estado para financiar los complementos a mínimos será de 1.800 millones de euros. Esta cantidad aún no cubre la totalidad del gasto en estos complementos, que deben ser financiados a través de la imposición general por su naturaleza no contributiva.
No obstante, Granado señaló que más que la aportación que realiza el Estado para financiar estos complementos, lo que más le interesa es "mantener absolutamente blindada" la separación de fuentes, de manera que con el dinero de las cotizaciones sociales no se paguen prestaciones no contributivas.
Además del pago de los complementos a mínimos, el Estado arrastra una serie de "deudas" con la Seguridad Social que aún no ha asumido. Pero tampoco la Seguridad Social ha devuelto al Estado los préstamos que le concedió en los 90 para financiar el sistema sanitario.
Para poner orden en este galimatías "contable", Granado indicó que hay negociaciones abiertas con el Ministerio de Economía a fin de encontrar una solución "global" al problema. "Lo razonable es buscar una fórmula conjunta para la financiación de los complementos a mínimos que tenga en cuenta el balance patrimonial de la Seguridad Social", apuntó.
UNA VIDA LABORAL MÁS LARGA.
Durante su exposición, el secretario de Estado de la Seguridad Social también se refirió a la necesidad de ir a carreras laborales lo más amplias posible. "No estamos hablando de prolongar la vida laboral, sino de que quien ha empezado a trabajar más tarde, tenga que trabajar el mismo tiempo que generaciones anteriores para tener los mismos derechos", precisó.
En este sentido, explicó que, antes, las personas empezaban a trabajar a los 16 años, con lo que al final de su vida laboral, había cotizado más de 40 años al sistema. Ahora, dijo, los jóvenes empiezan a trabajar más tarde, a los 20 ó 25 años, por lo que sus carreras de cotización serán más cortas.
En otro orden de cosas, y preguntado por el sistema de cese de actividad que se estudia implantar para los autónomos, Granado opinó que dicho sistema "no debe ser obligatorio" para el conjunto de los tres millones de autónomos, dada la heterogeneidad del colectivo.
