Reconoce que la desaceleración inmobiliaria y la crisis financiera afectarán al crecimiento a corto plazo, pero son coyunturales
MADRID, 15 Dic. (EUROPA PRESS) -
El vicepresidente económico del Gobierno, Pedro Solbes, subrayó hoy que la inflación "disminuirá y retornará" a tasas inferiores al 3%, pero que este descenso "no se producirá antes del mes de marzo", al tiempo que destacó que los efectos contagio de la inflación "no deberían producirse" en precios y salarios.
Solbes, que participó en una Conferencia Económica organizada por el PSOE, justificó la subida de precios en noviembre, que se incrementaron un 4,1% en tasa interanual, al encarecimiento de los combustibles y de los alimentos. "Es una evolución que nos preocupa por su impacto en la renta disponible de las familias, dado que nuestra economía ha mostrado una notable inmunidad ante los efectos de segunda vuelta, es decir, el efecto contagio del alza de estos precios sobre precios y salarios", subrayó,
No obstante, destacó que el diferencial de la inflación en España frente a la eurozona sigue en el 1,1% y que está en su promedio histórico desde 1999, unas cifras que "no son excepcionalmente altas". En este sentido, también señaló que los últimos cuatro años la inflación ha estado en términos medios del 3,2%, un dato parecida a la de la legislatura anterior, en un contexto menos favorable.
Solbes señaló que para rebajar el diferencial de inflación respecto a Europa es necesario seguir trabajando a medio plazo para mejorar la competencia, los canales de distribución, la oferta de productos y educar a la población en materia de consumo, si bien reconoció que mientras tanto habrá "precios algo más caros" y que el euro ha tenido efectos inflacionistas en productos de bajo valor.
En este sentido, explicó que la actual diferencia de precios se debe a la fiscalidad en materia energética es más baja en España y al aumento de la demanda del consumo mundial, por lo que el "gran reto" es trabajar en atajar estos aspectos, a los que se une la apuesta del Gobierno por las energías renovables, que son más caras, así como el incremento del precio de los alimentos por el alza de los cereales y el aumento de precios en el sector turístico.
CIRCUNSTANCIAS COYUNTURALES.
En su intervención, el ministro de Economía y Hacienda reconoció que la desaceleración inmobiliaria y el contexto financiero internacional "complicado" afectarán al crecimiento español a muy corto plazo, aunque señaló que se trata de "circunstancias coyunturales".
"A no mucho tardar, los positivos fundamentos de la economía española se reimpondrán y nuestro crecimiento volverá a las tasas que hemos visto durante la legislatura anterior, generando cada vez mayor bienestar para los ciudadanos españoles", auguró Solbes, quien subrayó los logros económicos del Gobierno en la actual legislatura, que calificó de "exitosa". "Creo que han ido muy bien los cuatro años e irán muy bien los próximos cuatro", afirmó.
El ministro de Economía también señaló que la política económica del Gobierno ha estado marcada por la "disciplina presupuestaria", lo que permitió que el superávit en 2006 alcanzara el 1,8% del Producto Interior Bruto (PIB), "prácticamente el mejor registro entre los países comparables", y avanzó que "este año la cifra no estará muy lejos".
A su juicio, esta "disciplina" permite preservar la capacidad futura de gasto del sector público y prevenir la aparición de las distorsiones económicas que "inevitablemente" acompañan a los déficit.
"Los déficit no nos aportan nada a largo plazo desde el punto de vista de la cobertura de las necesidades sociales y sí suponen un lastre económico importantísimo, que obstaculiza el desarrollo de la actividad en el sector privado y distorsiona el funcionamiento del sector público", dijo.
Por ello, destacó que los superávit de la legislatura no han sido "accidentales" ni resultado de un "empeño economicista" del área económica del Gobierno, sino la materialización del compromiso político con la estabilidad presupuestaria, planteada de "forma inteligente", es decir, proyectándola, según dijo, a lo largo del ciclo, con el fin de que el presupuesto pueda jugar su "papel contracíclico" si es necesario.
"Eso supone déficit en época de bajo crecimiento, que impartan un impulso expansivo a la economía y nos permitan crecer más, pero también supone lograr superávit en las fases alcistas del ciclo, como la que hemos vivido durante estos años", explicó.
Asimismo, señaló que otro factor que justifica la política de superávit es el envejecimiento de la población en los próximos años, motivo por el que las presiones que sufrirá el presupuesto serán "notables" y podrían generar problemas de "notable calado" en el estado de bienestar español.
"Si esperamos hasta ese momento para actuar nos veríamos obligados a elevar bruscamente las cotizaciones, lo que generaría numerosas distorsiones económicas, o a reducir las prestaciones, lo que daría lugar a un gran descontento social", dijo Solbes, para quien es necesario ofrecer por ello una "válvula de escape", y agregó en este sentido que la reducción de la deuda pública contribuye a ese objetivo al ofrecer un margen de maniobra importante por el lado del gasto.
Según dijo, la estabilidad presupuestaria es una "condición indispensable" para que el sector público tenga un papel importante que jugar en la sociedad y en la economía. "De hecho se observa en el mundo un creciente apego de los partidos de izquierda por la disciplina fiscal, mientras que los retrocesos en materia presupuestaria son protagonizados por partidos hostiles al sector público, probablemente en la creencia de que hacer menos solvente a la Administración es la mejor forma de debilitarla", dijo.
ESTRUCTURA IMPOSITIVA "JUSTA Y EFICIENTE".
Por otro lado, Solbes destacó que el actual Gobierno legará al que le siga una estructura impositiva "más ligera, neutral, justa y eficiente", tras la reforma fiscal de 2006, que ha supuesto casi 6.000 millones de euros de ahorro tributario para la sociedad, afectando, especialmente, a las rentas más bajas. Las restantes medidas fiscales adoptadas durante la legislatura elevan ese ahorro fiscal al entorno de los 8.600 millones de euros.
"Esta debe ser otra de nuestras señas de identidad en el ámbito económico. Un aligeramiento progresivo de las cargas fiscales, con énfasis en las rentas del trabajo y eliminando o retocando las figuras impositivas más anacrónicas o ineficientes, pero siempre a un ritmo ajustado a las necesidades de gasto público del país y al mantenimiento de la estabilidad presupuestaria", dijo.
