MADRID, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -
El defensor del Pueblo, Enrique Múgica, propuso hoy en el Congreso de los Diputados que todos los vehículos, incluidos los automóviles, lleven incorporados limitadores de velocidad, ya que superar los límites de velocidad establecidos para cada vía supone un factor de riesgo para la seguridad vial.
Múgica señaló en su comparecencia en la Comisión no Permanente sobre seguridad vial y prevención de accidentes de tráfico que "el uso de dispositivos limitadores de velocidad debería extenderse a todos los vehículos a motor, automóviles incluidos", ya que "a nadie se le oculta que el factor velocidad es un factor determinante, tanto en la producción de accidentes, como de la gravedad de los mismos".
En la actualidad los limitadores de velocidad se incluyen en camiones y en autobuses, pero el Defensor del Pueblo considera que estos dispositivos pueden beneficiar a la seguridad vial y reducir la siniestralidad en las carreteras si se incorporan a todos los vehículos. "Ello puede suponer, como contrapartida de la seguridad proporcionada, la cesión de algunas aparentes ventajas propias de los vehículos modernos, como las que proporcionan una mayor velocidad a los mismos; sin embargo, la primacía del derecho a la vida y a la integridad física debe considerarse prioritaria", afirmó Múgica.
La adjunta al Defensor del Pueblo, María Luisa Cava de Llano y Carrió, indicó, por su parte, en su intervención en la Comisión, que "la ciudadanía no entiende cómo hay una limitación en las carreteras y cómo se venden coches que pueden alcanzar los 300 kilómetros por hora". Múgica argumentó que la incorporación de los limitadores de velocidad a vehículos pesados y autocares "ha contribuido, sin duda, a la reducción del número de accidentes mortales y a la atenuación de sus efectos en nuestras carreteras". "No se trata con estos dispositivos tanto de sancionar infracciones, sino de impedirlas en la medida de lo posible, lo que acentúa su carácter eminentemente preventivo", añadió.
Por otra parte, el Defensor del Pueblo puso de manifiesto el "malestar" existente entre las asociaciones de víctimas de accidentes de tráfico por determinadas sentencias que consideran como simple falta algunos comportamientos imprudentes, e incluso la mercantilización de casos en los que las compañías de seguros indemnizan a víctimas o familiares, y se tipifican como falta.
REFORMAR EL CÓDIGO PENAL
Múgica defendió la necesidad de reformar el Código Penal y se mostró de acuerdo con las propuestas del director general de Tráfico de calificar como delito penal exceder la velocidad del límite de la vía en más de 60 kilómetros por hora, y superar un gramo por litro de alcohol en sangre cuando se conduce. "La indeterminación legal no se ajusta en estos momentos, dada la potencia y el número de vehículos existentes, a la realidad del tráfico rodado, ni es adecuada para hacer frente a la alta siniestralidad que tiene nuestro país", sentenció. Y recordó que el 36 por ciento de los conductores fallecidos superaba la tasa de alcoholemia permitida (0,5 gramos).
"Toda imprudencia que se cometa con ocasión de la conducción de un vehículo tiene que ser merecedora de un reproche penal aún cuando se haya producido la satisfacción indemnizatoria, que tenga en cuenta los elementos punitivos y preventivos de conductas semejantes en el futuro", afirmó el defensor del Pueblo.
En esta línea, la Oficina del Defensor del Pueblo ya envió al Ministerio de Justicia una serie de recomendaciones para que sean incluidas en el reforma del Código Penal. El Ministerio que dirige Juan Fernando López Aguilar respondió que se tendrían en cuenta. Así, Múgica propuso que todas las acciones sobre siniestralidad vial se persigan de oficio; que se imparta formación a funcionarios relacionados con la materia para lograr una justicia más ágil; y que las multas recaudadas con motivo de las infracciones de tráfico se dediquen íntegramente a la atención de las víctimas y sus familiares.
Por su parte, el diputado socialista Victorino Mayoral defendió también la reforma del Código Penal "limitada, pero que sirva para acabar con la lacra de la siniestralidad vial". El popular Federico Souvirón pidió medios para que la Fiscalía pueda actuar de oficio y recordó el impacto de la siniestralidad vial en España, ya que supone el dos por ciento del PIB, además de los costes personales. Y el parlamentario de CiU Pere Grau se mostró de acuerdo con las recomendaciones realizadas al Ministerio de Justicia.
