BARCELONA 10 Ene. (EUROPA PRESS) -
La asociación catalana de consumidores Consum Català denunció hoy que el Tribunal de Defensa de la Competencia (TDC) y la Comisión Nacional de la Energía (CNE) "no han tenido, en ningún momento, ningún interés en la defensa de los intereses del consumidor" en sus deliberaciones sobre la Oferta Pública de adquisición de Acciones (OPA) de Gas Natural sobre Endesa. Además, sostuvo que estas deliberaciones "se han movido por aspectos puramente políticos".
La asociación lamentó que "se ha negado la consideración de cualquier informe técnico a la hora de tomar las decisiones" y el resultado de las deliberaciones "ya era previsible antes de su reunión" porque los miembros de ambos organismos reguladores "se han movido por aspectos puramente políticos, según por quien fueron nombrados en sus respectivos órganos".
"La preocupación de los consumidores catalanes", prosiguió, se da porque "no se tienen en cuenta sus necesidades y sus derechos como usuarios de Endesa o de Gas Natural".
En este sentido, la asociación mostró su preocupación porque "no se debate sobre la verdadera libre competencia en el mercado", puesto que "tener sólo una o bien sólo dos empresas, no es libre competencia ni en un caso ni en el otro".
Asimismo, Consum Català mostró su preocupación porque "continúe vigente la catalanofobia ya expresada con el boicot a los productos catalanes". "En este caso", añadió, "se manifiesta en forma de oposición a la OPA, por parte de determinados sectores de la derecha española y de las organizaciones empresariales de carácter estatal, por el carácter catalán de la potencial empresa compradora".
PIDE INVERSIONES "REALES" Y JUNTAS ARBITRALES DE CONSUMO.
Por otra parte, la asociación de consumidores reclamó "inversiones reales" en mantenimiento y remodelación de la red eléctrica y de gas para garantizar la calidad del servicio y evitar cortes y perjuicio al usuario.
También pidió la remodelación de las redes de distribución para evitar daños medioambientales o sobre la salud e las personas e inversiones para reordenar las redes de distribución para garantizar el soterramiento de las líneas eléctricas y la ordenación del paisaje urbano, así como oficinas de proximidad para atender a los usuarios.
Además, abogó porque las empresas de distribución de gas y electricidad se adhieran a las juntas arbitrales de consumo para garantizar que, "mientras que exista una liberalización real del mercado", la defensa de los derechos de los usuarios y la protección ante abusos incidencias y reclamaciones. "Si realmente se tiene interés en el usuario final, esta sería la mejor prueba", añadió.