BRUSELAS, 3 Abr. (EUROPA PRESS) -
La Comisión Europea aseguró hoy ser "completamente neutral" en la batalla que se libra por la eléctrica Endesa e insistió en que, si ha llevado a España ante el Tribunal de Justicia europeo, es porque el Gobierno planteó "obstáculos artificiales" a la oferta pública de adquisición (OPA) de E.ON sobre Endesa, según subrayó el portavoz de Competencia, Jonathan Todd.
"La Comisión es completamente neutral en lo que se refiere a qué compañías controlan otras, porque es una cuestión que corresponde a los mercados si Endesa es comprada por Gas Natural, E.ON o cualquier otra compañía. Eso no es un problema de la Comisión porque no tiene efectos negativos en la competencia, en la capacidad de elección de los consumidores o en los precios", indicó Todd.
Con lo que sí tiene Bruselas un problema, continuó Todd, es "cuando los gobiernos plantean obstáculos artificiales a concentraciones que son competencia exclusiva de la Comisión". Además, añadió que, si los gobiernos violan la legislación comunitaria es "Europa quien sufre y quien pierde".
"El riesgo es que, si los gobiernos no respetan la ley comunitaria, llevarán el mercado único al caos y todos los beneficios que proporciona en términos de crecimiento económico, empleo y prosperidad se perderán", criticó el portavoz de Neelie Kroes.
La Comisión considera, por tanto, que las "condiciones y obstáculos" impuestos en primer lugar por el regulador español y luego por el Ministerio de Industria eran "ilegales e injustificados" con arreglo al reglamento de fusiones.
Como resultado de ello, la Comisión decidió llevar a España al tribunal de Justicia y Todd garantizó que "esa decisión se mantiene" y que Bruselas proseguirá su acción contra España ante Luxemburgo. Así pues, la Comisión mantendrá su denuncia contra España pese a la decisión de la eléctrica alemana de retirarse de la operación.
Bruselas ha mantenido un duro enfrentamiento con el Gobierno español durante los últimos meses por las condiciones impuestas a la OPA de E.ON, que el Ejecutivo comunitario considera ilegales por vulnerar la libre circulación de capitales y de mercancías y el derecho de establecimiento.
La batalla culminó el pasado 28 de marzo, cuando la Comisión llevó el caso ante el Tribunal de Justicia de Luxemburgo (TUE) ante la negativa de España a retirar los requisitos, tanto los impuestos inicialmente por la Comisión Nacional de la Energía (CNE) en julio de 2006 como los que añadió el ministerio de Industria en noviembre al responder a los recursos contra la decisión del regulador energético.
El Gobierno ha defendido desde el principio que los requisitos sí son compatibles con la legislación comunitaria y los considera imprescindibles para garantizar la seguridad de suministro energético.
