BRUSELAS, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -
La Comisión Europea confirmó hoy haber recibido la respuesta del Gobierno al ultimátum de siete días hábiles que fijó Bruselas el pasado 7 de marzo para que retire todas las condiciones a la Oferta Pública de Adquisición (OPA) de la alemana E.ON sobre Endesa y aseguró que ahora la analizará "muy cuidadosamente".
El portavoz de Competencia del Ejecutivo comunitario, Jonathan Todd, se limitó a constatar la recepción de la respuesta del Gobierno, afirmó que se "estudiarán muy cuidadosamente" y rechazó hacer comentario alguno sobre el contenido del documento que envió Madrid este mismo viernes.
Según indicaron fuentes del Ministerio de Industria este jueves a Europa Press, la respuesta del Gobierno insistirá en que las condiciones que Bruselas quiere ver retiradas se "ajustan a la legalidad comunitaria" y, por tanto, se mantienen. El ultimátum de la Comisión se refería tanto a las condiciones que impuso la Comisión Nacional de la Energía (CNE) aún no derogadas, como las que estableció el Ministerio de Industria el 3 de noviembre del año.
Tod recordó este viernes que se trata de la respuesta del Gobierno español al dictamen motivado, el segundo paso de un procedimiento de infracción, que envió Bruselas en 7 de marzo como paso previo al tercero, la denuncia ante el Tribunal de Justicia de la UE. En este caso, a diferencia del plazo habitual de dos meses que suelen tener los Estados miembros, la Comisión fijó uno más corto de siete días, debido a "que en el pasado las autoridades españolas ya han tenido amplias oportunidades de cuestionar las decisiones de la Comisión y de aplicarlas", explicó entonces.
En caso de que tampoco en esta ocasión Bruselas considere aceptable la respuesta del Gobierno y decida recurrir al TUE, se trataría de la segunda denuncia contra España ante el tribunal europeo por el caso E.ON. Bruselas ya denunció el pasado 24 de enero ante la justicia europea el decreto de febrero de 2006 que amplió las competencias de la CNE y facultó al regulador energético para analizar la OPA de la alemana.
La Comisión ha declarado ilegales estos requisitos mediante sendas decisiones jurídicamente vinculantes --y que, por tanto, pueden ser invocadas por E.ON ante tribunales nacionales-- por vulnerar los principios de libre circulación de capitales y mercancías y el derecho de establecimiento. Sin embargo, las autoridades españolas han repetido en varias ocasiones su negativa a retirarlas, alegando que son necesarias para garantizar la seguridad de suministro energético.
