MADRID, 22 May. (EUROPA PRESS) -
Facua considera que la Carta de Derechos del Usuario de Telecomunicaciones, aprobada hoy por el Consejo de Ministros, tiene "carencias de peso" y reclama al Gobierno más contundencia a la hora de tomar sancionar las infracciones de las compañías del sector.
"Nos parece pretencioso por parte del Ejecutivo decir que esta Carta coloca a España a la vanguardia de los países europeos en defensa de derechos, ya que consideramos la actuación del Gobierno en este ámbito nefasta", señaló a Europa Press un portavoz de la organización.
La Carta de Derechos del Usuario de Telecomunicaciones prohíbe al operador realizar modificaciones unilaterales si no están previstas "expresamente" por anticipado en el contrato, agiliza los procesos de reclamaciones y de resolución de contratos.
A pesar de estos cambios, el portavoz de Facua indicó que la nueva Carta no intoduce grandes novedades con respecto a la legislación actual e incluso "tiene carencias de peso", y consideró que el Ministerio de Industria era demasiado permisivo con las compañías infractoras y que no daba participación a las asociaciones de usuarios, a los que ni siquiera se les comunicaba directamente estos cambios.
El portavoz, que reconoció que existen elementos positivos en esta Carta, recalcó que de "nada sirve" una norma si no hay organizaciones encargadas de regular que se toman las medidas pertinentes con la "contundencia necesaria". Además, subrayó que, a pesar de que el Gobierno destaca que la norma incluye 20 nuevos derechos, no existe una mejora "sustancial" de las cuantias de las indemnizaciones.
Para mejorar el capítulo de atención a los clientes, la Carta recoge el derecho del usuario a exigir al operador un documento acreditativo para cualquier reclamación, trámite o gestión con incidencia contractual.
Del mismo modo, el operador estará obligado a aceptar la presentación de reclamaciones a través de vía telefónica y a facilitar un número de referencia para cada reclamación. El operador deberá enviar al usuario un documento acreditativo de las ofertas a las que se acoge así como contestar en el plazo de un mes a las reclamaciones presentadas por los usuarios.
En este sentido, el portavoz de la asociación señaló que "ni siquiera" existe un teléfono gratuito de atención al cliente, de forma que cuando más llamadas hace el cliente para reclamar más se lucran las compañías.
La fuente añació que aunque todavía desconocen en profundidad la regulación la asociación tiene "la sensación" de que el Gobierno considera las irregularidades y fraudes de las compañías "pequeños daños colaterales" necesarios para que España avance tecnológicamente.
