MADRID, 23 Feb. (EUROPA PRESS) -
La diputada de Izquierda Unida Isaura Navarro exigió hoy al ministro de Industria, Turismo y Comercio, Joan Clos, que no defienda a las operadoras de telefonía móvil que han subido sus tarifas como consecuencia de la eliminación del redondeo y que responda a las demandas "razonadas" de los usuarios.
En concreto, instó al titular de Industria a que "deje ya de defender la desmesurada e injustificable subida de las llamadas de telefonía móvil hecha al unísono por las principales compañías telefónicas y se ponga a trabajar para dar respuesta a las razonadas demandas de los consumidores".
Navarro ya pidió explicaciones por escrito al Gobierno para saber "qué piensa hacer tras el anuncio coordinado de las tres principales compañías de telefonía móvil de subir sus tarifas para compensar la entrada en vigor de la Ley de Protección de los Consumidores y Usuarios, por la que tienen que acabar con la abusiva práctica del redondeo".
La diputada de IU-ICV cree que "no vale con descargar responsabilidades en los distintos órganos reguladores y quedarse tan tranquilo". Al margen de lo que hagan el Tribunal de Defensa de la Competencia o Mercado de las Telecomunicaciones, subrayó que "es competencia del Gobierno, sobre todo si se dice de izquierdas, impedir que las grandes compañías interpreten la ley al límite y se rían en la práctica de esos mismos consumidores cuyas facturas les permiten engordar sus cuentas de resultados".
A su juicio, "siguen sin despejarse serias sospechas sobre la rara habilidad de las tres compañías para hacer coincidir sus subidas en el tiempo con la misma cuantía". En este sentido, aseguró que está claro que la desmesurada subida de tarifas viene motivada, no por la elevación efectiva del coste de sus servicios sino para hacer frente a la nueva tarificación por segundos y la pérdida de ingresos que suponía el redondeo".
Frente a ello, hizo hincapié en que el ministro Joan Clos "no puede seguir manteniendo en espera las llamadas y demandas de las asociaciones de consumidores mientras sólo da cobertura a las grandes compañías".
Finalmente, insistió en que el Gobierno y órganos reguladores "ya tenían que haber dado una respuesta efectiva" a esta situación y "no escudarse en posibles investigaciones que se pueden demorar sobre serios indicios de unas prácticas ilegítimas".
