MADRID, 29 Nov. (EUROPA PRESS) -
Las sanciones por infracciones graves o muy graves de los operadores de telecomunicaciones estarán vinculadas a los beneficios obtenidos por la empresa, de manera que sean multas más "flexibles y progresivas", tal y como plantea el PP a través de una enmienda parcial al proyecto de ley de Telecomunicaciones.
Según el texto, que recoge Europa Press, las infracciones muy graves estarán sancionadas con hasta 20 millones de euros y las graves con hasta dos millones, aunque si es la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) la que tiene el mandato sancionador, entonces la multa tendrá otros límites máximos.
En concreto, las sanciones muy graves no podrán ser inferiores al beneficio bruto obtenido por la acción u omisión en que consista la infracción, ni tampoco podrá superar en cinco veces dicho beneficio. En el caso de las infracciones graves, la sanción podrá elevarse hasta el doble del beneficio bruto obtenido.
NUEVAS INFRACCIONES
Asimismo, entre las 26 enmiendas presentadas por los 'populares' también se incluyen tres que incorporan nuevas infracciones. Concretamente, será muy grave que los operadores no satisfagan sus obligaciones de acceso, interconexión e interoperabilidad de los servicios a los que están obligados, y también que incumplan gravemente las características y condiciones establecidas para la conservación de los números.
Según los 'populares', la inclusión de estos nuevos tipos infractores se debe a que estas obligaciones, junto con las que la ley impone a los operadores con posición significativa en el mercado, son "el eje sobre el que se articula el correcto desarrollo de la competencia" en el sector.
Por otra parte, el partido que da sustento al Gobierno propone que la CNMC deba emitir informe previo sobre los planes nacionales de numeración y en la definición de las condiciones asociadas a su uso, para participar en estos documentos de planificación.
OTROS CAMBIOS TÉCNICOS
Entre las enmiendas 'populares' se han incluido también un gran número de precisiones técnicas. Por ejemplo, se clarifica el derecho de los usuarios a oponerse a recibir llamadas "no deseadas con fines de venta directa", sin necesidad de que sean reiteradas como exigía el proyecto de ley.
Y es que ése es "un concepto jurídico indeterminado de difícil interpretación, tanto desde el punto de vista del número de llamadas efectuadas como en lo que se refiere al lapso temporal en que cabría considerar que concurre la reiteración". Así, con la redacción original podría entenderse que el usuario final no tiene derecho a oponerse a recibir esas comunicaciones a menos que las mismas se produjeran de forma reiterada, "lo que implicaría una merma de sus derechos".
Asimismo, se precisa que un reglamento habrá de puntualizar cuáles son los elementos esenciales que deben contener las declaraciones responsables que podrán usar los instaladores de redes públicas de comunicación electrónica o de estaciones radioeléctricas de dominio privado, que ya no estarán sujetas a autorizaciones o licencias en muchos casos.
El objetivo, dice el PP, es "garantizar la seguridad jurídica en el despliegue de redes y evitar poner en peligro de modo innecesario la continuidad del servicio a los ciudadanos ante posibles interpretaciones extensivas de los elementos de la declaración que deben tener consideración de esencial".
Con respecto al régimen transitorio de las estaciones o infraestructuras radioeléctricas que ya hubieran presentado una solicitud de licencia o autorización, se permite que continúen instaladas y en funcionamiento, y que decidan entre continuar con su solicitud o desistir de la misma y presentar una declaración responsable, "sin perjuicio de que las administraciones competentes puedan ejercer sus potestades de comprobación, inspección, sanción y control en general".
Se persigue así evitar que con la nueva normativa se produzca "el cierre de una serie de estaciones base de comunicaciones móviles" o que los operadores tengan que incurrir en nuevas cargas administrativas.
Finalmente, los 'populares' introducen una precisión sobre la entidad pública Red.es para autorizarla a utilizar tantos medios propios como a subcontratarlos para ejecutar las encomiendas que se le atribuyan en el ejercicio de sus funciones.
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