El acuerdo sobre la reforma del sector contempla más fondos para gestionar crisis y una ayuda de estado de 15 millones para el tomate
LUXEMBURGO, 12 Jun. (EUROPA PRESS) -
El Consejo de Agricultura y Pesca llegó hoy a un acuerdo político para reformar el sector de frutas y hortalizas que contempla un periodo de transición antes de que se eliminen completamente las ayudas a la transformación de cuatro años para el tomate y de cinco para el esto de cultivos, así como un incremento de financiación para la gestión de crisis, entre otras medidas.
Según el acuerdo de los ministros, la reforma del sector, que entrará en vigor en enero de 2008, mantendrá durante unos años más las ayudas a la transformación que Bruselas quería eliminar desde el primer momento y también introduce la gestión de crisis que no figuraba en el primer borrador.
Por lo que respecta a las prórrogas a las ayudas, el texto del acuerdo indica que "para asegurar una transición ordenada hacia la desvinculación de la ayuda en el marco del sistema de pago único", se permitirá una transición de "un máximo de cuatro años", hasta el 31 de diciembre de 2011, para el tomate, siempre que la ayuda vinculada a la población no supere el 50% del techo nacional que le corresponde a este cultivo.
Para otros cultivos, el acuerdo contempla una transición de cinco años, hasta el 31 de diciembre de 2012, aunque apunta que a partir del 31 de diciembre de 2010, esto es, para las campañas 2011 y 2012, la ayuda vinculada a la producción no deberá superar el 75% de la asignación presupuestaria nacional que le corresponda en cada caso.
Para acogerse a las medidas de transición, los Estados miembros "decidirán antes del 1 de noviembre de 2007 qué sectores o productos se beneficiarán de este pago transitorio y el porcentaje que le corresponderá del sistema de pago único de los techos nacionales".
El pago transitorio será una ayuda por hectárea "en el marco de contratos para transformación", los Estados miembros podrán decidir si fijan "condiciones adicionales", como que "el pago de transición se haga solo a productores miembros de organizaciones de productores (OP)".
GESTIÓN DE CRISIS
Por lo que respecta a la gestión de crisis, el acuerdo prevé un incremento del valor de la producción para la financiación de las organizaciones de productores (OP) desde el 4,1% actual al 4,6%, dejando claro que esta diferencia se utilizará "sólo para la prevención de crisis y para medidas de gestión".
Esta provisión se añade, reza el compromiso, para "dar más flexibilidad a las OP por lo que respecta a la prevención y a la gestión de crisis".
En este contexto, la reforma eliminará la disposición actual de que las OP pueden emplear el 20% de su presupuesto para préstamos para gestión de crisis. Ahora "estos préstamos serán tratados como todos los demás gastos para prevención de crisis y gestión, y dentro del límite del tercio del gasto de la OP".
El acuerdo hace una mención también a la propuesta española de crear unos seguros de renta para hacer frente a las crisis. Indica que "la Comisión declara que la propuesta española relativa a seguros para la gestión y prevención de crisis merece un examen más detallado. La propuesta suscita cuestiones de naturaleza horizontal que requieren un análisis más fundamental. Consecuentemente, la Comisión tratará de tenerla en cuenta en el contexto de la próxima revisión" de la Política Agrícola Común (PAC), prevista para el año que viene.
La reforma autoriza -durante tres años y seguido de un informe de evaluación -que productores que no son miembros de las OP se beneficien también de las acciones para prevenir y gestionar. Se financiarán con ayudas públicas donde la compensación para los no miembros no será superior al 75% del apoyo comunitario que reciban las OP, aunque se reconoce la capacidad de que cada país determine sus propios criterios.
También como reclamó la ministra de Agricultura y Pesca, Elena Espinosa, el acuerdo incluye una declaración relativa a los controles fitosanitarios de los productos hortofrutícolas importados desde países terceros. En ella, la Comisión se compromete a "seguir adoptando las medidas necesarias para reforzar los criterios fitosanitarios", a "continuar asegurando que estos requisitos y controles garantizan un nivel fitosanitario adecuado" y a "continuar prestando atención a las inspecciones de las exportaciones países terceros".
TOMATES Y PATATAS
Por otra parte, se autoriza a España y a Italia a otorgar una ayuda pública durante la campaña 2007-08 para el tomate procesado, con una ayuda de 15 millones de euros en cada país para "adaptar el sector de la transformación de tomate a la nueva regulación".
En cuanto a las patatas, los Estados miembros que apliquen ayudas de estado en este sector podrán seguir haciéndolo durante otros cuatro años, hasta el 31 de diciembre 2007.
El acuerdo concede que tanto las superficies de árboles frutales como los viveros de frutas y hortalizas serán áreas elegibles para el pago único, dentro de una reforma que plantea el pago único a la hectárea.
Las fresas y frambuesas, la principal petición de países como Polonia, obtienen una transición del pago directo de transformación durante cinco años. En este caso, la financiación comunitaria no excederá de 230 euros por hectárea, aunque los Estados miembros podrían elevar esta dotación hasta no más de 400 euros por hectárea.
Por lo que respecta a las medidas medioambientales en las que deben invertir las OP a través de sus fondos operativos, el acuerdo reduce de 20 a 10% el presupuesto de las OP que deberá dedicarse a estas acciones que tendrán que cumplir no todos los productores agrupados en estas entidades, sino "al menos el 80%".
En cuanto a la promoción del consumo, particularmente para prevenir la obesidad entre niños y jóvenes, los ministros encargaron a la Comisión que elabore una propuesta sobre este esquema aplicado a las escuelas tan pronto como sea posible, basada en un estudio de impacto sobre los beneficios, factibilidad y costes administrativos.
