NUEVA YORK, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -
Los reguladores estadounidenses han indicado a Bank of America (BofA) y Citigroup que las pruebas de estrés realizadas muestran que ambas entidades podrían requerir capital adicional, que en el caso de BofA ascendería a "miles de millones de dólares", según informa el diario 'The Wall Street Journal', que cita a fuentes conocedoras de la situación.
El periódico apunta que los directivos de estas entidades han mostrado su desacuerdo con los resultados preliminares de estas pruebas a las que fueron sometidos los 19 mayores bancos de EEUU y planean responder a las conclusiones de los reguladores y en el caso de BofA la apelación podría producirse el próximo martes, un día después de que se hagan públicos los resultados.
No obstante, el rotativo considera "improbable" que estas dos entidades sean las únicas a las que la Reserva Federal sugiera la necesidad de captar capital adicional, aunque afirma que tanto BofA como Citigroup han sido los bancos más "problemáticos" en los últimos meses y sugiere que los resultados de las pruebas serán empleados para dar un "duro mensaje" a los bancos.
En este sentido, analistas e inversores coinciden en pronosticar que algunos bancos regionales, especialmente aquellos con grandes carteras inmobiliarias, probablemente obtendrán las calificaciones más pobres en las pruebas, y apuntan los nombres de Regions Financial, Fifth Third Bancorp y Wells Fargo como los principales candidatos a requerir capital extra.
Por su parte, representantes del Gobierno reconocieron haber mantenido conversaciones con las entidades bancarias sobre estos resultados y que éstas continuarán en los próximos días.
Asimismo, advirtieron de que los bancos a los que se recomiende captar capital adicional "no deben ser vistos como insolventes" ya que este capital pretende servir como 'colchón' frente a pérdidas potenciales en el futuro bajo severas condicones económicas y afirmaron que "no se dejará caer a ninguno de los 19 mayores bancos".
Bank of America y Citigroup han recibido inyecciones de capital públicas por importe de 95.000 millones de dólares además de obtener garantías del Gobierno sobre centenares de miles de dólares en pérdidas potenciales por el deterioro de activos.
