Empresarios exigen cerrar Centros Turísticos, El Almacén y el Teatro de Lanzarote por no tener licencia

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un grupo de empresarios, con intereses en el conflicto judicial abierto por el Cabildo de Lanzarote en defensa del Plan Insular, ha exigido en varios ayuntamientos el cierre de los Centros de Arte, Cultura y Turismo (CACT), El Almacén y el Teatro insular por carecer de licencia de apertura.

El consejero del área, el socialista Carlos Espino, declaró hoy a Europa Press que las denuncias "no van a tener consecuencias reales" y considera que son "medidas de presión inaceptables contra la administración, más propias de la mafia que de unos empresarios".

Según las fuentes consultadas por Europa Press, han sido cuatro las empresas que han presentado denuncias en los ayuntamientos de la isla que tienen Centros Turísticos, quedando al margen el centro de visitantes de las Montañas del Fuego. Se trata de Playa Blanca Seis SL, Playa Blanca Cinco SL, Fariones Cuatro SL y Explotaciones Turísticas La Geria.

En las denuncias se exige que los ayuntamientos inicien un "expediente sancionador" al no contar las instalaciones con licencias de apertura, "tomando como medida cautelar el cierre del local o la suspensión de la actividad".

Los Centros Turísticos, con 2,6 millones de visitantes anuales, están tramitando los expedientes de apertura ya que a pesar de que la red comenzó a funcionar en la década de los 60 del pasado siglo, no fue hasta la legislatura pasada, con el nacionalista Pedro San Ginés al frente de la Consejería, cuando se detectó que carecían de estas autorizaciones.

Para ello, se tuvieron que realizar los proyectos técnicos y solicitar de los ayuntamientos y de varias áreas del Cabildo los permisos oportunos, si bien los trámites no habrían culminado.

El actual consejero de los Centros Turísticos, Carlos Espino, aseguró que "no hay posibilidad alguna" de que se tengan que cerrar cautelarmente las instalaciones. Añadió que los denunciantes "ignoran que están abiertos desde antes de la entrada en vigor de la normativa", por lo que "se pueden tramitar" los permisos "mientras permanecen abiertos al público", afirmó.

INFORME JURÍDICO DE HARÍA

En las denuncias se solicitan medidas cautelares "para garantizar la seguridad de los turistas" y que se acuerde "el cierre del local o la suspensión temporal de la actividad". Espino recalcó que "están garantizadas la seguridad y salubridad de las instalaciones", que, además, han obtenido certificados de calidad.

Por otro lado, advierten los empresarios denunciantes que "si en el plazo de un mes esa administración [que recibe la denuncia] no ha iniciado expediente sancionador y adoptado las medidas cautelares procedentes, se hará uso del derecho de impugnar judicialmente la inactividad administrativa".

Fuentes de Coalición Canaria han expresado la "preocupación" del alcalde de Haría, José Torres Stinga, por esta advertencia y señalaron que recabará un informe jurídico sobre las salidas a la situación desatada por las denuncias.