Vista de la Comarca de la Sidra - EUROPA PRESS
OVIEDO 9 Nov. (EUROPA PRESS) -
Diferentes representantes de colectivos empresariales vinculados al turismo han coincidido este lunes en solicitar al Gobierno asturiano que retire su proyecto de Ley del Principado de Asturias del impuesto sobre estancias turísticas, que actualmente se está tramitando en la Junta General del Principado de Asturias.
Ha sido precisamente en el Parlamento asturiano donde han comparecido diferentes representantes de las asociaciones. Además de la retirada del proyecto piden que se abra un "verdadero" diálogo con el sector y con los municipios afectados.
El presidente de Otea Hostelería y Turismo en Asturias, Javier Martínez, ha reclamado una evaluación rigurosa de los posibles efectos económicos de la tasa turística antes de su implantación en Asturias, señalando que "la capacidad de recaudar no constituye por nosotros una justificación" para aprobar el proyecto.
Martínez ha advertido sobre las dificultades que puede generar la aplicación voluntaria de la tasa a nivel municipal, ya que "la posibilidad de que unos municipios establezcan el recargo y otros no puede generar diferencias de tributación entre establecimientos próximos, que compiten por los mismos clientes y forman parte de un mismo entorno turístico". El presidente de Otea ha insistido en que esta circunstancia "puede introducir dificultades adicionales en la comerciación".
El representante del sector turístico ha subrayado la necesidad de que cualquier decisión municipal sobre el recargo "debería estar vinculada a un diagnóstico claro de las necesidades del destino", ya que "la voluntariedad municipal no puede constituir una planificación turística coordinada ni una evolución rigurosa de los efectos económicos y territoriales de la medida".
Asimismo, ha reclamado que "no basta con identificar los posibles beneficios recaudatorios, es necesario valorar también los costes y efectos que la medida puede producir sobre la propia actividad económica".
El vicepresidente ejecutivo de Otea, Fernando Corral, ha señalado que otras comunidades como Cataluña y Baleares cuentan con impuestos turísticos propios pero sus sistemas presentan peculiaridades que conviene también tener en cuenta, destacando que en Cataluña las tarifas varían según el establecimiento y su localización, con recargos municipales y reglas específicas para reservas anticipadas, mientras que en Baleares el impuesto tiene carácter finalista destinado a un fondo de turismo sostenible.
Corral ha insistido en que "son modelos desarrollados en contextos turísticos propios y cuya experiencia puede aportar enseñanzas pero no constituye una justificación suficiente para reproducirlos en Asturias sin estudiar previamente nuestra realidad".
El representante de Otea ha advertido además que "la cuestión no es únicamente cuánto se cobra por estancia, es cómo afecta ese coste al precio final, a la decisión del viaje y a la duración de la estancia y la capacidad de los establecimientos para competir especialmente en segmentos sensibles al precio", poniendo el acento en las posibles consecuencias económicas que podría tener la implantación de una tasa turística en el sector.
Mientras, el l coordinador de la Mesa de Turismo de la Federación Asturiana de Empresarios (FADE), Julio Bobes, ha cuestionado en una comisión parlamentaria la viabilidad del proyecto de tasa turística en Asturias al señalar que "el proyecto no identifica de manera concreta qué territorios sufren esas presiones, cuáles son los servicios públicos afectados, qué costes adicionales se generan ni qué indicadores permiten medir la magnitud del fenómeno".
Bobes ha incidido en la falta de una secuencia lógica en la elaboración de la norma, argumentando que "una cuestión es afirmar que pueden existir impactos asociados al turismo y otra muy distinta, demostrar cuáles son esos impactos, dónde se producen, con qué intensidad y qué medidas concretas resultan necesarias para afrontarlos", y ha criticado que "da la impresión de que se ha comenzado por el instrumento tributario sin contemplar adecuadamente las fases anteriores".
El representante de FADE ha puesto en duda la efectividad de la medida para resolver los problemas planteados, afirmando que "parece que con poner tasa turística vamos a resolver los problemas de toda la comunidad", cuando existen presupuestos específicos para cada objetivo y el turismo es solo uno de los muchos factores transversales que les afectan, además de señalar que "sigue sin respuesta" la pregunta sobre "qué indicadores permitirían concluir dentro de cinco años que este impuesto ha cumplido su finalidad".
Bobes ha subrayado la importancia de establecer mecanismos de control y transparencia, indicando que "sería deseable que la norma incorporase mecanismos que permitieran conocer anualmente cuánto se recauda, en qué actuaciones concretas invierte, qué resultados producen en dichas actuaciones y qué indicadores permiten valorar su eficiencia", y ha advertido que "la transparencia no puede limitarse a recaudar, debe alcanzar también al destino y a la evaluación de los recursos".
Por su parte, la vicepresidenta del Cluster Turismo Rural, Ana Belén Soberón, ha rechazado de manera contundente el proyecto para implantar una tasa turística en Asturias. "¿Tiene sentido establecer una nueva carga económica sobre una actividad que la propia legislación asturiana reconoce como estratégica para fijar población y generar oportunidades en el medio rural? Nuestra respuesta es contundente: No", ha dicho.
Soberón ha señalado que la medida plantea serias contradicciones con la realidad del sector turístico asturiano, ya que está formado en buena medida por pequeños alojamientos, autónomos, negocios familiares con recursos limitados, sin grandes estructuras administrativas y con una capacidad muy reducida para asumir nuevas obligaciones económicas y burocráticas.
La representante del sector ha cuestionado la coherencia de la propuesta al señalar que "resulta difícil entender que, mientras se subvenciona la demanda para conseguir más estancias, se plantee simultáneamente un impuesto que encarece esas mismas estancias".
Soberón ha destacado que la iniciativa contradice la ley de impulso demográfico, que "establece la necesidad de promover actividad económica, empleo y oportunidades en los territorios" e "identifica expresamente al turismo como uno de los sectores capaces de contribuir a estos objetivos".
Ha lamentado que "no se hayan facilitado informes de impacto demográfico". Ha solicitado que el proyecto se retire y que se abra un verdadero proceso de diálogo con el sector y con los municipios afectados", enfatizando que "en muchos concejos rurales un alojamiento turístico no es simplemente un negocio, es una oportunidad de empleo, una actividad que mantiene vivo el territorio y una razón más para que la gente pueda seguir viviendo en los pueblos.
