MADRID/LUXEMBURGO, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno español intentará defender hoy en Luxemburgo los
intereses españoles ante la próxima reforma de la Política Pesquera
Común (PPC), un paquete de polémicas propuestas que pasarán mañana su
primer examen a cargo de los ministros de Pesca de los Quince.
Según explica un documento del Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación (MAPA), al que ha tenido acceso Europa Press, la
propuesta inicial de la Comisión Europea conlleva una serie de
problemas fundamentales para España, que derivan tanto de "dudas
jurídicas" sobre la corrección de las propuestas desde el punto de
vista comunitario como del "desequilibrio y falta de oportunidad" de
las mismas.
Sin embargo, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación,
Miguel Arias Cañete, se enfrenta mañana a un problema táctico ya que,
como presidente de turno del Consejo de Pesca de la UE, debe
limitarse a tomar nota de las posiciones de los Quince. Así, será la
secretaria general de Pesca marítima, Carmen Fraga, quien presidirá
la delegación española y expresará las posiciones del Gobierno.
Las propuestas del comisario europeo Franz Fischler supondrán la
pérdida de 28.000 empleos y el desguace de 8.600 barcos en toda la
UE, 1.326 de ellos en España. Así, el Gobierno liderará el rechazo a
la iniciativa, junto a Portugal, Francia, Italia, Grecia e Irlanda,
mientras que otros países --Reino Unido, Suecia o Dinamarca-- ya se
han mostrado a favor de los drásticos recortes de flota y de ayudas
al sector.
Respecto a la gestión de los recursos pesqueros, España cree que
la Comisión plantea un sistema que presenta grandes carencias para
los propios principios que pretende defender, principalmente la falta
de atención a las consecuencias socioeconómicas de las medidas de
gestión.
Asimismo, opina que la pesca industrial que practican países como
Dinamarca debe ser objeto de una atención especial, dados los graves
problemas que plantea, grandes capturas con escaso beneficio para el
mercado comunitario, ya que se destina principalmente a la
elaboración de harinas. "No se entiende por qué la Comisión afirma
que la pesca industrial no degrada los stocks", afirma una fuente
diplomática.
Por otra parte, el Gobierno español recuerda que la adopción de
decisiones es competencia del Consejo, mientras que la Comisión sólo
puede adoptar medidas de ejecución, por lo que rechaza las propuestas
de Fischler para fijar cuotas pesqueras plurianuales que dejen luego
a la Comisión un amplio margen de decisión para adaptarlas de año en
año.
Andalucía
Aragón
Cantabria
Castilla-La Mancha
Castilla y León
Catalunya
Extremadura
Galicia
Islas Canarias
Islas Baleares
Madrid
País Vasco
La Rioja
C. Valenciana
Navarra
Asturias
Murcia
Ceuta y Melilla
