MADRID, 14 May. (EUROPA PRESS) -
El investigador senior de Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), José Ignacio Conde Ruiz, ve necesario un contrato único que acabe con la temporalidad y asegura que no sólo podría implantarse con encaje constitucional, en contra de lo que opina el Ministerio de Empleo, sino que, de no ser así, se debería adaptar la Constitución para poder ponerlo en marcha.
Conde Ruiz ha recordado, en declaraciones a Europa Presos, que esta modalidad ya fue planteada dentro del 'Manifiesto de los 100' de 2009, en el que un nutrido grupo de economistas desplegó una batería de propuestas para salir de la crisis.
A propósito de este manifiesto, Conde Ruin ha admitido que algunos juristas consideraron entonces que establecer una única escala indemnizatoria, indistintamente de que los despidos fueran procedentes o improcedentes, dejaba este contrato único fuera de la Constitución.
Sin embargo, ha explicado que los constitucionalistas consultados concluyeron que si se respetaba una indemnización superior en el caso de despidos improcedentes frente a los procedentes, su legalidad quedaba garantizada.
Por ello, desde Fedea se propone un único contrato que de entrada contara con una indemnización por despido procedente de 8 días por año y otra por improcedente de 12 días por año, similar a la que existe para los contratos temporales.
Si bien, esta indemnización iría en aumento de acuerdo con la duración del contrato, hasta los 20 y 33 días, respectivamente, en línea con la escala de los contratos indefinidos ordinarios.
Y SI NO, SE CAMBIA LA CONSTITUCIÓN
Conde Ruiz ha insistido en que esta fórmula sería constitucional, a lo que ha añadido que si hubiera opiniones contrarias, "tampoco sería la primera vez que se cambia la Constitución". "La Constitución se ha cambiado muchas veces, así que, llegado el caso, que se cambie", ha dicho.
Por último, ha vuelto a insistir en que este contrato único es necesario porque "va acompañado de una prohibición de la temporalidad" que es "ineficiente" porque no estimula a los empleados a formarse en las empresas ni a los empresarios a dar formación, "injusto" porque se ceba con los jóvenes, los inmigrantes y las mujeres, y "caro" porque se traduce en muchos despidos y en mayor gasto en prestaciones por desempleo.
