Vodafone, que reclama una indemnización a los exejecutivos de Ono de más de 140 millones, recurrirá la sentencia en los "próximos días"
MADRID, 31 Jul. (EUROPA PRESS) -
El Juzgado de lo Social número 35 de Madrid ha declarado improcedente el despido de Rosalía Portela, que fue consejera delegada de Ono hasta que esta empresa fue adquirida por Vodafone el pasado año, y le reconoce una indemnización de 900.000 euros, frente a los más de seis millones que solicitaba la directiva.
Fuentes de Vodafone han señalado a Europa Press que la sentencia del juzgado de lo social no es firme, ya que cabe recurso de suplicación ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, y que será recurrida en los "próximos días".
Dichas fuentes han explicado que la sentencia solo afecta al despido de Portela, pero no entra a valorar la conducta "negligente" imputada a la que fue primera ejecutiva de la cablera por cuanto las irregularidades invocadas por la empresa afectan al período en el que actuaba como consejera delegada de Ono, por lo que no existía relación laboral, sino puramente mercantil.
De esta forma, la actuación de Portela como consejera delegada y su gestión será analizada por la jurisdicción mercantil en el contexto de la acción social de responsabilidad ejercitada por Ono, ahora en manos de Vodafone.
En julio del pasado año, tras cerrar la compra del operador, el consejero delegado de Vodafone España, Antonio Coimbra, pasó a presidir el nuevo consejo de administración del grupo corporativo Ono. En ese momento se decidió que Portela mantuviera su antiguo cargo para facilitar la "transición sin disrupciones" hasta el 1 de septiembre y, a partir de esta fecha, permaneciera como asesora de Coimbra, quien asumiría también las funciones de consejero delegado de Ono.
VODAFONE RECLAMA A LOS EXEJECUTIVOS DE ONO 140 MILLONES
No obstante, Vodafone rompió poco después la relación laboral con Portela tras desatarse el escándalo de fraude del IVA, según explica este viernes el diario 'Expansión', que adelanta la información
La compañía presentó entonces una demanda de "responsabilidad social" contra esta directiva y el resto de la anterior cúpula directiva de Ono, es decir, el expresidente José María Castellano, y el ex director de finanzas Carlos Ignacio Sagasta.
La compañía reclama a los antiguos consejeros ejecutivos de Ono el pago de una indemnización solidaria por importe de más de 140 millones de euros. "Dicha indemnización equivale al perjuicio sufrido por la compañía como consecuencia de la conducta negligente de dichos consejeros ejecutivos", han explicado.
Los daños causados a los que se refiere Vodadone atañen al proceso de inspección realizado por Hacienda a Ono y que se saldó con un acto de conformidad por el cual la multinacional británica reembolsará a Hacienda un total de 58,6 millones de euros por regularizaciones de los años 2011 a 2014.
