MADRID, 21 Feb. (EDIZIONES) -
El 'Pacto de Toledo' es un acuerdo entre todos los partidos políticos que tiene como objetivo proponer medidas que contribuyan a la sostenibilidad del sistema público de pensiones. Este 'pacto' tiene su origen en una proposición no de ley de la antigua formación política catalana Convergncia i Unió (CiU) de 1994 que cristalizó en un informe aprobado por el Pleno del Congreso el 6 de abril de 1995 y que contenía 15 recomendaciones para la mejora del sistema público de pensiones.
A instancias de estas propuestas, se creó una Comisión no permanente de seguimiento y evaluación de los acuerdos del Pacto de Toledo en el Congreso en el 2000. Esta Comisión se reune cada cinco años y publica un nuevo estudio al finalizar su trabajo con una revisión del estado del sistema público de pensiones en ese momento, así como de las recomendaciones para mejorarlo, que de 15 han pasado a ser 21. Como todos los grupos políticos tienen representación en la Comisión, se busca con este 'pacto' evitar que las pensiones sean objeto de conflicto partidista.
El organismo tenía previsto debatir este jueves sobre las 21 recomendaciones con la idea de elevarlas al Pleno de la próxima semana, el último de la legislatura. Sin embargo, los grupos no llegaron a un acuerdo sobre la revisión de las propuestas durante la última reunión de la comisión y PP, Podemos y ERC han rechazado celebrar otro pleno antes del final de la legislatura.
LAS MEDIDAS DEL 'PACTO DE TOLEDO'
Las 15 medidas que incluyó el 'Pacto de Toledo' fueron las siguientes:
1. La separación de las fuentes de financiación de la Seguridad Social, de manera que las prestaciones universales (por ejemplo, el sistema sanitario) se financien exclusivamente a partir de los Presupuestos Generales del Estado (PGE).
2. La revalorización de las pensiones.
3. La constitución de reservas económicas para atenuar los efectos que los ciclos económicos pudiesen tener sobre el sistema público de pensiones.
4. Trabajar por el establecimiento gradual de dos grandes regímenes de pensiones, uno para los trabajadores por cuenta ajena y otro para los autónomos.
5. Aumentar las bases de cotización, es decir, los sueldos brutos. La base de cotización afecta a la cantidad de dinero que uno recibe finalmente como pensión, pero también a la prestación por desempleo o al dinero percibido durante una baja médica.
6. Incentivar la creación de empleo a través de las cotizaciones: por ejemplo, bonificando --con dinero de los Presupuestos destinado a políticas de empleo-- las contribuciones de aquellos colectivos con más dificultades para encontrar empleo.
7. Promover que los ciudadanos estén bien informados sobre las pensiones que acabarán recibiendo en el futuro.
8. Mejorar la coordinación y la eficacia del sistema público de pensiones en temas como la afilación a la Seguridad Social, la recaudación de cotizaciones y el pago de las prestaciones.
9. Luchar contra el fraude y la economía irregular.
10. Trabajar para que los pensionistas reciban una cuantía de dinero proporcional a lo que hayan cotizado a lo largo de sus vidas.
11. Adaptar la edad de jubilación a la esperanza de vida de los españoles. Actualmente, está situada en los 67 años.
12. Mejorar progresivamente las pensiones de viudedad y orfandad.
13. Ajustar la cuantía de las pensiones de tal manera que las superiores ayuden a garantizar la suficiencia de las más bajas.
14. Incentivar el uso entre los ciudadanos de sistemas complementarios de ahorro pensión.
15. Instar al Parlamento a vigilar la aplicación de las medidas del Pacto de Toledo.
EVOLUCIÓN DEL 'PACTO DE TOLEDO'
El trabajo del 'Pacto de Toledo' ha dado lugar a cuatro leyes, una en 1997, otra 2003, una tercera en 2007 y una última en 2011. La de 1997 recogió más de la mitad de las 15 medidas sugeridas en el informe original, como la separación financiera de la Seguridad Social, la mejora de las pensiones por orfandad o viudedad o la revalorización de las pensiones (que el Gobierno relacionó con el Índice de Precios de Consumo o IPC).
La del 2003 reguló el funcionamiento del Fondo de Reserva de las pensiones, que se estableció tres años antes, mientras que la del 2007 modificó varias disposiciones relacionadas con la incapacidad temporal y permanente, la jubilación y la pensiones de viudedad.
Entre otras cosas, extendió el plazo máximo de incapacidad laboral hasta los dos años, estableció que los días correspondientes a las pagas extras no cotizaban y equiparó a los matrimonios con las parejas de hecho a la hora de solicitar la pensión de viudedad. Por último, la de 2011 retrasó la edad de jubilación hasta los 67 años.
El Pacto de Toledo volvió a reunirse en noviembre de 2016. La comisión inició una ronda de más de treinta comparecencias, y después en fase de ponencia para renovar las 21 recomendaciones sobre el sistema público de pensiones e introducir dos nuevas, una dedicada a la juventud y otra a la economía digital y a la robotización del empleo.
