Barcelona, 18 Oct. (Europa Press) -
El presidente de Grand Tibidabo, Francesc Xavier Pintó, manifestó
hoy a Europa Press que la quiebra de la compañía es "técnica", dado
que no podía hacer frente al desequilibrio patrimonial creado por la
deuda fiscal de 5.000 millones de pesetas, y que generaba unas
pérdidas permanentes en la compañía.
Sin embargo, aclaró que "la quiebra no afecta ni al Parque de
Atracciones del Tibidabo (PATSA) ni a la compañía de juguetería
Diset, sino sólo a la holding Grand Tibidabo".
Según Pintó, la quiebra ha sido planteada ante los juzgados debido
a que el pasivo de la compañía era superior al activo, pues tenía
capital suscrito de 6.236 millones de pesetas, unas pérdidas
acumuladas de 4.300 millones y un endeudamiento de más de 5.000
millones con Hacienda.
Pintó señaló que este endeudamiento está recurrido. La decisión de
la quiebra ha sido tomada por "unanimidad de todo el Consejo de
Administración", que está formado por el propio Pintó, Rafael Espino,
responsable de Cartera GT, María Rosa Tejedo, presidente de ADFPA
(Asociación para la Defensa del Pequeño Accionista) y Javier
Goicoechea.
La viuda de Sánchez Bella, Isabel Craswell, había dimitido del
consejo, aunque detiene el 10,5 porciento del capital.
El capital de la compañía está así distribuido: 21,5 por 100 es
autocartera con las acciones de Javier de la Rosa, un 20 por ciento a
la asocaición ADPA liderada por Rosa Tejedo, un 6 por ciento a
Cartera GT y un 10,5 por ciento a Sánchez Bella, el cual comunicó en
su día que había comprado las acciones pidiendo un crédito personal.
La Junta Genral prevista para el miércoles próximo ha sido
desconvocada, según Pintó, porque no se podía hacer frente al
desequilibrio patrimonial generado en la empresa, y antes de
disolverse Grand Tibidabo se ha preferido presentar la quiebra.
"Debíamos pasar el capital de 6.300 millones a 1.900", dijo Pintó,
"pues en caso contrario la compañía debía de disolverse, y para
evitar su disolución, hemos presentado una quiebra voluntaria, que es
técnica, que es el procedimiento más rápido y contundente, para
garantizar la continuidad, los intereses de los accionistas y de los
acreedores. Es una medida cautelas para salvaguardar los activos de
la compañía", añadió.
UNA LARGA HISTORIA CON FINAL ANUNCIADO
Grand Tibidabo culmina de este modo una larga historia donde
pequeños ahorradores buscaron pingües beneficios en las empresas de
Javier de la Rosa, en este caso en el Consorcio Nacional del Leasing,
primero, y en Grand Tibidabo después.
Grand Tibidabo estuvo presidida por Javier de la Rosa hasta que en
1994 tuvo que dejar la presidencia a raíz de una tumultuosa Junta
Geneal en que los pequeños accionistas --unos 10.000-- le exigieron
responsabilidades.
Un grupo de estos accionistas, liderados por el abogado Xavier
Nart, presentó una querella criminal contra Javier de la Rosa y su
causa se instruye todavía en el Juzgado de Instrucción número 1 de
Barcelona.
A partir de ese año la compañía fue presidida por personas afines a
Javier de la Rosa, como Joan Cruells, implicado en el caso Grand
Tibidabo, y postriormente por Jaume Casajoana, el polémico ex
ministro de Franco, Alfredo Sánchez Bella, y finalmente Francesc
Xavier Pintó que ha instado la quiebra de la compañía, una quiebra
que muchos veían anunciada hace tiempo, pero que no acababa de
materializarse.
En la última Junta General no celebrada, del pasado mes de junio,
se preveía ya que el final no podía ser más que presentando un
expediente concursal de quiebra ante el juzgado, que se ha aplazado
hasta hoy, dos días antes de la celebración de la Junta General, y al
día siguiente de la celebración de las elecciones catalanas, donde la
atención de la opinión está más centrada en el resultrado de las
urnas.
En estos cinco años transcurridos, desde que Javier de la Rosa dejó
la compañía, las pérdidas se fueron acumulando debido al fuerte
pasivo en que dejó la compañía el citado financiero, el cual tras
años de negociaciones, acabó con un pacto con Francesc Xavier Pintó,
por el que se disponía a saldar su deuda abonando 4.200 millones de
pesetas, en su mayor parte a través de su paquete de acciones que era
del 21,5 por ciento.
Todos los años la Junta General de Grand Tibidabo era un
espectáculo por los gritos, insultos e improperios de los pequeños
accionistas que dirigían fundamentalmente sus iras contra Javier de
la Rosa, el cual en la sombra continuaba planeando sobre todas las
juntas.
Patéticas eran las juntas generales de Grand Tibidabo en la que
asistían, como accionistas principales, dos administradores
judicales, enviados por el juez instructor del "caso De la Rosa",
Joaquín Aguirre, quienes votaban en favor o en contra de las
propuestas, debido a que las acciones de De la Rosa estaban
embargadas judicialmente.
La crisis financiera de Grand Tibidabo mientras tanto se agudizaba.
Se calcula que las pérdidas de la compañía han sido superiores a los
35.000 millones de pesetas, según se comentó en distintas juntas
generales.
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