MADRID, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -
Las empresas españolas del sector del aluminio se han sumado al llamamiento realizado por European Aluminion, la asociación que representa a toda la cadena de valor de la industria del aluminio, para la elaboración de un plan de recuperación industrial sostenible a nivel comunitario que pide, entre otras cosas, una reducción temporal de impuestos para las industrias electrointensivas.
Así lo ha trasladado la Asociación Española de Aluminio (AEA), que representa a más de 600 empresas del sector, que plantea una serie de medidas que persiguen restablecer la confianza de los consumidores en la economía general, estimular la demanda y hacer que la cadena de valor sea "más resistente, competitiva y menos dependiente de otras regiones".
El sector alerta de que la crisis del Covid-19 está teniendo un impacto "perturbador" en la cadena de valor de la industria y en las operaciones diarias de los miembros, que van desde el cierre de plantas debido a la menor demanda y a las restricciones gubernamentales, hasta la escasez de trabajadores y los problemas de liquidez.
Ante esta situación, entre las propuestas de la industria también se incluyen ayudas específicas para las empresas más intensivas en cuanto a electricidad, que también están más expuestas a la competencia internacional, o que se eviten las paradas de fundiciones de aluminio. "El coste asociado de reducir la capacidad y reiniciarlo después es prohibitivamente alto", asegura la AEA.
A su vez, cree necesario garantizar la liquidez financiera de las empresas de la UE; estimular la demanda de materiales estratégicos y bajos en carbono como el aluminio, a través de la contratación pública y nuevos fondos públicos; incentivar el potencial de circularidad del aluminio como una oportunidad para reducir la dependencia de Europa de las importaciones intensivas en carbono, a la vez que se reducen las emisiones; reforzar los instrumentos de defensa comercial de Europa, mediante el uso de medidas antidumping y antisubvenciones para garantizar niveles de precios justos y sostenibles; y reforzar el control de la inversión extranjera directa.
