Archivo - Agricultor cosechando en el campo. - UNIÓN DE UNIONES - Archivo
BRUSELAS 12 Nov. (EUROPA PRESS) -
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha ordenado este jueves volver a examinar si España debe devolver casi diez millones de euros de financiación europea para ayudas agrícolas por deficiencias en los controles ambientales realizados en Castilla y León, tras anular una sentencia anterior que había dejado sin efecto la reclamación de esos fondos por parte de la Comisión Europea.
En su fallo, el Alto Tribunal europeo concluye que las autoridades españolas debían realizar estas inspecciones aunque no hubieran establecido con detalle las medidas de protección ambiental exigidas a los agricultores. No obstante, la devolución del dinero sigue pendiente de una decisión definitiva, ya que el Tribunal General de la UE deberá estudiar otras alegaciones presentadas por España.
El litigio se remonta a junio de 2022, cuando Bruselas decidió dejar fuera de la financiación europea una partida de 9,97 millones de euros correspondiente a gastos agrícolas de España, al detectar deficiencias en la supervisión de las condiciones exigidas a los beneficiarios de estas ayudas en Castilla y León.
En concreto, la Comisión cuestionó que durante los años de solicitud 2016 y 2017 no se hubieran realizado las inspecciones necesarias para verificar el cumplimiento de las obligaciones de conservación de especies de flora silvestre protegidas. También señaló irregularidades en los informes elaborados por las autoridades autonómicas.
España recurrió esta decisión y consiguió que el Tribunal General la anulara en noviembre de 2024, al entender que no podía exigirse a las autoridades españolas que comprobaran el cumplimiento de unas obligaciones ambientales que no habían sido definidas previamente con suficiente precisión.
Sin embargo, el TJUE rechaza ahora ese razonamiento y aclara que la falta de medidas de conservación concretas no eximía a España de su obligación de realizar las comprobaciones previstas en la normativa europea.
Además, los jueces señalan que Castilla y León ya contaba con una legislación que reconocía la existencia de especies vegetales protegidas en su territorio, por lo que la ausencia de inspecciones específicas para garantizar su conservación generaba una "duda seria y razonable" sobre los controles efectuados por las autoridades españolas.
En estas circunstancias, el Tribunal considera que correspondía a España demostrar que las conclusiones de la Comisión eran incorrectas, en lugar de descartar las irregularidades detectadas por Bruselas.
En este sentido, recuerda que un Estado miembro "no puede alegar disposiciones, prácticas ni circunstancias de su ordenamiento jurídico interno" para justificar el incumplimiento de las obligaciones que le impone la legislación europea, especialmente en lo relativo a la utilización de fondos comunitarios.
Por ello, el TJUE concluye que el Tribunal General se equivocó al aceptar la justificación española y considerar que la ausencia de medidas de protección suficientemente definidas impedía realizar las inspecciones exigidas.
La sentencia devuelve así el caso a la primera instancia de la Justicia europea, que deberá pronunciarse sobre las alegaciones de España que quedaron sin examinar antes de determinar si se mantiene la exclusión de los casi diez millones de euros.
