Archivo - Imagen de archivo de la bandera de la UE - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo
MADRID, 9 Jun. (EUROPA PRESS) -
Una coalición de asociaciones europeas, integradas por la Asociación Europea de Agentes de Viajes y Turoperadores (Ectaa), la Federación Europea de Organizaciones de Campings y Asociaciones de Parques Vacacionales (Efco&hpa), la Asociación Europea de Turismo (ETOA), la patronal europea de hoteles, restaurantes y cafeterías (Hotrec) y la Federación Europea de Turismo Rural (RuralTour), han celebrado la decisión de la Comisión Europea de abrir un procedimiento de infracción contra España por las dudas ante el Real Decreto 933/2021, que regula el registro de datos de los viajeros, según ha informado la patronal Ectaa en un comunicado.
Las organizaciones han valorado positivamente la decisión de Bruselas de examinar si los requisitos impuestos por la normativa española se ajustan al Derecho de la Unión Europea.
La Comisión Europea comunicó el pasado 4 de junio el envío de una carta de emplazamiento a España en la que expresa su preocupación por la posible vulneración de las normas europeas de protección de datos.
Entre otras cuestiones, se habla de la recopilación de determinadas categorías de información personal, incluidos datos relacionados con pagos y ubicación, el acceso concedido a las fuerzas de seguridad y el periodo de conservación de la información durante tres años.
Según las asociaciones, el sector turístico europeo lleva varios años trasladando a las autoridades españolas y europeas sus dudas sobre la proporcionalidad, legalidad y aplicación práctica del Real Decreto 933/2021.
RECLAMACIONES DESDE 2024
Desde 2024, las organizaciones han enviado diversas comunicaciones a los ministerios españoles competentes, a la Agencia Española de Protección de Datos y a la Comisión Europea, además de presentar informes jurídicos y participar en consultas públicas sobre la materia.
Las patronales sostienen que la normativa genera inseguridad jurídica respecto al cumplimiento de la legislación europea de protección de datos y supone una carga administrativa significativa para agencias de viajes, alojamientos y otros operadores turísticos.
No obstante, las organizaciones reconocen la necesidad de adoptar medidas para combatir el terrorismo y la delincuencia organizada, aunque defienden que estas deben respetar los principios de necesidad, proporcionalidad y seguridad jurídica establecidos por la legislación comunitaria.
Las asociaciones confiaron en que el procedimiento abierto por la Comisión contribuya a encontrar una solución que compatibilice los objetivos de seguridad con el respeto al Derecho de la Unión Europea y reduzca las cargas burocráticas para viajeros y empresas turísticas.