MADRID, 20 Dic. (EUROPA PRESS) -
El secretario general de Fes-UGT-Madrid, Roberto Tornamira, ha denunciado este jueves los impagos que la empresa de seguridad de ESABE tiene con sus trabajadores y que, en algunos casos, alcanza las cinco mensualidades.
"El impago de las nóminas es de cinco mensualidades en algunos casos", ha explicado Tornamira en declaraciones a Europa Press, después de que Policía Nacional haya detenido a la cúpula directiva de la empresa, acusada de los presuntos delitos de alzamiento de bienes, insolvencia punible, delitos contra la Seguridad Social y falsedad documental.
Dicho esto, Tornamira ha explicado que la empresa podría esta implicada en un presunto delito de "alzamiento de bienes", pues "parece ser que habían vendido, por el mismo método Díaz Ferrán, varios Ferraris por 12.000 euros".
Aunque no ha podido precisar las identidades de los arrestados, ha afirmado que "están en la comisaría de Moncloa" (Madrid) y ha destacado que "Juan José Prados del Pino" cabeza del núcleo familiar y el resto de la familia están "en paradero desconocido". "Parece ser que se han fugado. No se sabe donde están", ha recalcado.
Asimismo, Tornamira ha comentado que ESABE es una "empresa contratada particularmente por gobiernos del PP" y ha declarado que "tenían contratos de seguridad y limpieza con los juzgados de Comunidad de Madrid, con las tesorerías, con las áreas del Insalud, con Hacienda, con los institutos de enseñanza pública, con el Ministerio de Defensa y con el Ministerio de Empleo". "Han trabajado en el País Valenciano, Andalucía, Cantabria, Madrid y, en todo caso, con el Gobierno central", ha apostillado.
Además, de las detenciones se han producido ocho registros en sedes de la empresa. Los arrestados, que se encuentran en dependencias policiales, están acusados de formar un entramado societario en el ámbito de la seguridad privada que incumplía las normas, creando una situación ventajosa en el mercado a través de la competencia desleal. También, están acusados presuntamente de defraudar a la Seguridad Social 30 millones de euros. La operación ha sido llevada a cabo tras un año y medio de investigaciones.
