La Cámara reclama más atención, aumentar de manera "significativa" la inversión, corregir las bajas de adjudicación y suprimir tasas
VALLADOLID, 7 May. (EUROPA PRESS) -
La Cámara de Contratistas de Castilla y León ha calificado de "desoladores" los años de la crisis para la industria de la construcción, con una pérdida de empleo del 55 por ciento y, según los datos de Seopan --asociación nacional de empresas del sector--, una caída del 9 por ciento (6.000 empleados) en 2014 en la Comunidad frente a una subida del 29 por ciento en el conjunto del Estado.
El número de trabajadores ha pasado de los 136.000 en 2007 a los 60.000 en 2014, mientras que el número de empresas ha ido de las 28.977 en 2007 o las 33.797 en 2008 a 24.543 en 2014, lo que además no quiere decir que todas tengan capacidad operativa, ya que muchas se encuentran en procesos de reestructuración o con situaciones "francamente malas", de manera que el número de empresas con "cierta capacidad operativa" es "bastante menor".
Así lo han explicado el presidente de la Cámara de Contratistas de Castilla y León, Enrique Pascual, y el vicepresidente de esta asociación, Alejandro Miranda, en una rueda de prensa han repasado la situación del sector en los últimos años y los datos de licitación.
Enrique Pascual ha señalado que en 2014 se han licitado 1.046,78 millones de euros (el 62 por ciento por la Administración central, casi el 16 la autonómica y cerca del 22 por la local) frente a 650 en 2013.
Sin embargo, ha incidido en la evolución de la licitación en los últimos años, porque aunque en 2014 se ha incrementado un 61 por ciento aún se está "muy alejados" de los niveles de inversión que consideran necesarios para contar con unas infraestructuras productivas para competir en igualdad de condiciones con los países del entorno europeo.
En concreto, ha recordado que en 2007 los niveles de licitación eran de 3.842 millones de euros, hubo un "pico" en 2009 de 4.568 y ahora son 1.047. A este respecto, ha explicado que antes de 2007 la licitación anual rondaba los 3.500 millones de euros, una cifra que consideran "adecuada" al tamaño y la población de Castilla y León que se necesita en una inversión productiva para "no descolgarse" de los niveles que tienen países como Francia, Italia, Alemania o Inglaterra.
El presidente de la Cámara ha comparado además la previsión de la licitación de los últimos años con la que realmente se ha realizado, ya que oscila entre el 92,54 por ciento de 2007 o el 85 por ciento de 2009 y 2011 y el 54 o 52 por ciento de los años 2012 y 2014.
Pascual ha incidido en que la inversión prevista es un compromiso de las administraciones con los ciudadanos, que se adquiere a través de los presupuestos en el Parlamento, por lo que si no se llevan a cabo es que "alguien no está haciendo bien su trabajo" y hay una obligación de invertir cuando no se ha hecho, a pesar de ser un mandato de las Cortes. "Es una práctica habitual", ha dicho, tras lo que ha añadido que se hacen una serie de anuncios, una promesa que es un mandato de la población y las administraciones "son incapaces de llevar a cabo".
INVERSIONES SEGÚN PREVISIÓN
Además, ha explicado que en base a estas previsiones, las empresas hacen sus inversiones y ha comparado esta cuestión con un restaurante que espera una boda con 300 comensales y finalmente sólo se presentan 150. Asimismo, ha explicado qeu la licitación suponía entre uno y dos tercios antes de la crisis para las empresas, ahora en torno a un 10 por ciento, pero tiene un "efecto arrastre" y cuando la Administración invierte, las empresas lo hacen más.
De esta forma, en el año 2014, de los 2.013,02 millones de euros sólo se licitaron 1.046,78, un 52 por ciento, lo que tiene un "impacto directísimo" sobre el empleo, algo que el presidente de la Cámara ha calificado de "inaceptable". Además, lo adjudicado realmente fue de 736 millones de euros, debido a las ofertas a la baja de las empresas.
En cuanto a la coincidencia de una mayor licitación sobre la previsión en años electorales, cree que es obvio y que se trata de lanzar mensajes de que todo "va bien".
La Cámara también ha aportado datos sobre el volumen de negocio del sector de la construcción en Castilla y León, que ha pasado de los 18.086 millones de euros que representaba en 2007 a los 4.438 en 2013, una disminución "muy significativa" que también se registrará en 2014.
En este marco, el presidente de la Cámara de Contratistas ha señalado que la en los últimos años por parte de las administraciones públicas se ha prestado una "escasa o nula" atención a la industria de la construcción, que ha hecho un esfuerzo grandísimo en innovación e internacionalización sin apoyo de las administraciones, algo que ha tenido impacto en sus cuentas de resultados.
Además, el presidente de la Cámara ha advertido de que tras un esfuerzo inversor de los últimos diez años se ha perdido a nivel nacional gran distancia en competitividad respecto a Francia por kilómetro cuadrado y habitante y se está muy lejos de Italia, por ejemplo, de manera que hay infraestructuras menos competitivas.
DISCRIMINACIÓN
Enrique Pascual ha señalado otros sectores como la agricultura están bien atendidos, algo que no le parece mal, pero cree que la construcción está "discriminada" y piden atención a las administraciones.
"No se ve una foto de un político y un constructor, parece que tenemos la peste y somos los que hacemos los AVE, las carreteras y los colegios", ha afirmado el presidente de la Cámara.
Por ello, piden tres medidas concretas, la primera de ellas un aumento significativo de las partidas destinadas a infraestructuras, a inversión pública. A este respecto, no considera "razonable" que la construcción llegara a representar un 21 por ciento del Producto Interior Bruto, pero ha incidido en que ahora ha bajado a un 9 por ciento, cuando en países del entorno como Francia es de un 12 por ciento.
En el caso de Castilla y León se llegó al 17 por ciento, pero ahora sólo supone algo más del 7 por ciento.
Una segunda medida pasa por poner en marcha elementos correctores para acabar con las "desproporcionadas" bajas de adjudicación, aspecto en el que ha reconocido que las empresas tienen parte de culpa, pero no pueden ponerse de acuerdo en ello porque sería ilegal. A su juicio, lo lógico serían bajas de un 3 o un 4 por ciento, pero las hay hasta del 40. Por ello, cree que habría que establecer otros criterios para las adjudicaciones, no sólo el precio.
Finalmente, su tercera reclamación pasa por eliminar las tasas por inspección y dirección de obra, que suponen que de cada 100 euros de adjudicación, se cobren cuatro de tasa, lo que reduce el beneficio. Pascual ha añadido que llevan diez años con esta reivindicación e incluso en la Comisión Mixta en la que están presentes las consejerías de Hacienda y Fomento, además de los contratistas, se estableció el compromiso de su supresión y no se ha llevado a cabo. "Basta ya de hacer promesas y no cumplirlas", ha aseverado.
