Simular enfermedad, faltas injustificadas y abandonar el puesto acarreará multas de entre 250.000 euros a 4,5 millones o la pérdida de la licencia
MADRID, 21 Dic. (EUROPA PRESS) -
El Congreso de los Diputados ha aprobado este martes por unanimidad el proyecto de Ley de Seguridad Aérea, que ahora será remitido al Senado, y por el que se establece el Programa Estatal de Seguridad Operacional (PESO), se modifica la regulación de la Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación Civil (CIAIAC) y se incluye un nuevo catálogo de infracciones en el control del tráfico aéreo que para casos muy graves puede suponer multas de entre 250.000 euros a 4,5 millones de euros.
Durante su debate en la Comisión de Fomento, todos los grupos parlamentarios mostraron su satisfacción por los acuerdos alcanzados durante la ponencia del proyecto y valoraron de forma positiva" todas las aportaciones de los grupos, si bien expresaron que "quedan flecos" por perfilar que confiaron se resuelvan en su paso por la Cámara Alta.
Tras las enmiendas presentadas por los grupos, el nuevo proyecto incluye en su artículo 48. bis la tipificación como infracción administrativa muy grave "simular enfermedad o disminución de la capacidad psicofísica o dificultar o negarse a realizar controles médicos", "dificultar, retrasar o negarse a recibir las labores de formación", "obstaculizar o impedir las pruebas de calidad o auditorías" en los centros de trabajo, así como la falta injustificada al puesto de trabajo.
En estos supuestos, considerados "muy graves" la multa ascendería entre los 250.000 euros y los 4,5 millones de euros, mientras que para las infracciones graves se situaría entre los 70.000 y los 250.00 euros. Las faltas tipificadas como infracción leve supondrán el apercibimiento o una sanción desde los 4.500 hasta los 70.000 euros.
El nuevo proyecto de Ley, que modifica la Ley de Seguridad Aérea de 2003, actualiza y mejora los estándares de seguridad operacional, conforme a la normativa de la Organización Internacional de Aviación Civil (OACI) y la UE, delimita con claridad las obligaciones de los empleados públicos y privados implicados en el sector aéreo, refuerza la capacidad de las inspecciones y potencia la capacidad sancionadora de las autoridades competentes, además de garantizar la protección de la información de los profesionales aeronáuticos.
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