MADRID, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -
El Consejo de Ministros aprobó hoy remitir a las Cortes el proyecto de Ley de modificación del régimen económico y de prestación de servicios en los puertos de interés general, que persigue reforzar la autonomía de gestión de las distintas autoridades portuarias, que podrán fijar sus propia tarifas y competir entre ellas.
Según el Ejecutivo, este texto dotará al sistema portuario español de "herramientas indispensables" para incrementar su capacidad competitiva y su calidad. Además, le dotará de una oferta de servicios coordinada por las Autoridades Portuarias, con un amplio margen de autonomía de gestión y funcionamiento, "muy superior en muchos casos al que disponen otras alternativas portuarias europeas".
La vicepresidenta del Gobierno y ministra de la Presidencia, María Teresa Fernández de la Vega, apuntó que la nueva ley permitirá "aumentar la competitividad y la calidad de los servicios portuarios".
"Se trata de una buena noticia para consolidar el papel de España como plataforma marítima internacional, ya sea comercial, dado que los puertos canalizan el 80% de las importaciones y el 60% de las exportaciones, como para el sector de la pesca", destacó en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
En concreto, el Gobierno ha modificado los títulos I y III de la actual Ley de Puertos, aprobada en noviembre de 2003.
Respecto al título I, relativo a las tarifas portuarias, el proyecto de ley mantiene la naturaleza jurídica de las tasas de los ingresos que perciben las Autoridades Portuarias por la utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público portuario, estableciendo una estructura común.
No obstante, la modificación permitirá a cada autoridad portuaria cuantificar sus tasas conforme a sus costes individualizados, en el marco de sus planes de empresa, y siempre acordados con el Ministerio de Fomento a través de Puertos del Estado.
De esta forma, se pretende propiciar una "competencia interportuaria ordenada dentro de un marco de libertad y de lealtad económica" y "potenciar el principio de autosuficiencia económica y financiera de los puertos".
MEJORAS TECNICAS.
Además, el proyecto de Ley introduce una serie de mejoras técnicas, entre las que destaca la supresión de la tasa de servicios generales, la reducción de la cuota de la tasa de embarcaciones deportivas y a la pesca, y la disminución de la tasa de estancia de los buques en puerto durante los fines de semana. Establece además una nueva definición de las bonificaciones para potenciar la intermodalidad.
Según el Ejecutivo, este nuevo sistema de fijación de las tasas permite racionalizar el procedimiento para su determinación e podrán mejor los costes en los que incurra cada Autoridad Portuaria.
Además, el proyecto de Ley incluye una serie de bonificaciones destinadas a potenciar y consolidar, a nivel internacional, el papel de España como plataforma crucerística y logística, a fomentar la intermodalidad marítima e a incentivar las prácticas medioambientales con el fin de incrementar la calidad.
PRESTACION DE SERVICIOS.
Respecto a la modificación del título III, relativo a la prestación de servicios, el nuevo texto elimina la distinción artificial existente actualmente entre servicios portuarios generales y básicos.
Asimismo, modifica las sociedades de estiba, que pasarán a denominarse sociedades anónimas para el trabajo de estiba. En defensa del interés general en estas sociedades tendrán participación mayoritaria las Autoridades Portuarias, pero se exigirán mayorías cualificadas para la adopción de ciertos acuerdos relevantes, con el objetivo de provocar aproximaciones con los sectores privados involucrados.
Además, la nueva ley fomenta la contratación por parte de las empresas estibadoras de trabajadores en relación laboral común y permite dar un tratamiento específico para los nuevos tráficos asociados a las denominadas 'autopistas del mar', a fin de hacer más atractivo en términos de calidad y precio el transporte marítimo de mercancías en relación con otras alternativas.
