MADRID, 16 Ene. (EUROPA PRESS) -
La Federación Estatal de Trabajadores del Mar ('La Coordinadora'), LAB, CIGA, Intersindical Canaria (IC), CC.OO., UGT y el Ministerio de Fomento coinciden en señalar que los estibadores españoles han respaldado casi en su totalidad la huelga de este colectivo en todos los puertos de la UE, contra el proyecto de Directiva de Puertos por entender que permite el intrusismo y liberaliza la operación portuaria.
En concreto, fuentes sindicales explicaron a Europa Press que en España lo han secundado unos 5.000 trabajadores. Por su parte, el Ministerio de Fomento reconoce en un comunicado "un seguimiento mayoritario", respaldado por el 99,5% de los trabajadores disponibles (4.699 empleados de un total de 4.721).
Las organizaciones de trabajadores indicaron además que la jornada de paro (que mañana tendrá continuación aunque esta vez no está convocada por todos los sindicatos) transcurrió sin incidentes, y que los servicios mínimos (pasajes, abastecimiento a las islas Canarias y Baleares y desembarco de productos perecederos o por motivos de seguridad) se han cumplido con normalidad.
Por otra parte, más de 16.000 estibadores protestaron hoy ante el Parlamento Europeo de Estrasburgo para manifestar su rechazo a la directiva, que será votada esta semana en esta Cámara.
DESESTABILIZACION DE LA CIRCULACION DE MERCANCIAS
Los sindicatos advierten de que la directiva desestabilizaría la circulación marítima de mercancías en caso de ser aprobada, y que el proyecto coincide básicamente con otro presentado anteriormente por la entonces Comisionada de Transportes, Loyola de Palacio, y que resultó rechazado.
A su juicio, la nueva regulación da entrada a la contratación de mano de obra no cualificada, lo que entienden que se traduce en un aumento del riesgo laboral y el descenso de la productividad.
"Bajo una aparente defensa de la libre competencia, esta medida solamente pretende favorecer a unas pocas grandes empresas en tanto que perjudicaría a la mayoría de los usuarios de los puertos --afirman en un comunicado-- y lesionaría los derechos laborales y causaría un incremento en los costes de la operación que se trasladaría a los precios".
